Trabajo y privatización penitenciaria

Desde el S. XIV al XIX, se llevó a cabo la institucionalización del encierro disciplinario de pobres, vagabundos y delincuentes, sometidos a las diferentes formas del trabajo productivos (trabajos forzados, construcciones viales, presas, pantanos,… en definitiva de obra pública que con el paso del tiempo se fueron institucionalizando definitivamente, por eso no es de extrañar que a la muerte del dictador Franco, el estado español dispusiera de una importante infraestructura pública, hidráulica y vial).

Actualmente, en teoría, en el estado español hay dos realidades penitenciarias: la de Catalunya y la del resto del estado. Esta teórica diferencia, hace alusión exclusívamente a las competencias, la de Catalunya gestionada por el gobierno catalán de la Generalitat y la del resto del estado gestionada por el gobierno central desde Madrid, desde el Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, porque en lo demás, su finalidad es muy parecida y las únicas diferencias perceptibles, son las diferentes estrategias para llegar a un mismo sitio.

Para comprender un poquito más la cuestión del trabajo en prisión, deberemos de considerar la parte legislativa y ver cómo ya la Constitución española establece y apunta el “carácter reinsertador de las penas privativas de libertad”. Así mismo, en cuanto a la reinserción, el Reglamento Penitenciario del 96, en su art. 3.3 dice: “… la vida en prisión ha de tener como referencia la vida en libertad favoreciendo los vínculos sociales…”. Además, el art 26 de la Ley Orgánica General Penitenciaria dice: “…el trabajo es un derecho y un deber del interno…”. Y como es un derecho y un deber, nadie puede renunciar, por lo que a través de dicha ley se puede propiciar un terreno penitenciario para la introducción de diversos modelos de privatización, que serán generosamente subvencionados, y con ello implantar nuevas formas de explotación laboral en la prisión. Además hay otros factores que apuntan y facilitan ese camino hacia la privatización de las prisiones y son los recurrentes discursos que crean opinión pública, acerca de la persistente excusa de escasez presupuestaria y el tan cacareado y real hacinamiento. Pero antes de continuar, convendría hacer una aclaración sobre esta saturación en exceso de las prisiones. Esta situación, se padece de forma alarmante, sobretodo, a raíz de la Reforma del Código Penal del año 95, aprobada por el PSOE, que unida a la última reforma del Código Penal del PP, ha supuesto un retroceso de 200 años en materia penal y en las que hay que sumar, a la anulación de las redenciones de condena por trabajo, el ingreso en la cárcel por reincidencia, o el abuso de la prisión condicional, o la tipificación de conductas habituales como nuevos delitos, o la no concesión de derechos penitenciarios y de terceros grados de cumplimiento… además de otras muchas causas que redundan en la misma cuestión: que entren más personas en prisión y que no salgan. Con toda esa sobresaturación del espacio carcelario, no son necesarias demasiadas excusas para justificar la falsa necesidad de construcción de nuevas prisiones con sus especiales tecnologías de control social, que cada vez más se acercan a la experiencia “yankee” de los complejos industriales penitenciarios. Y digo falsa necesidad, porque lo es, ya que según las leyes, las personas con toxicomanías o politoxicomanías, que son un enorme porcentaje de las personas presas, deberían de estar en centros adecuados para su tratamiento y no en las prisiones. Lo mismo podríamos decir de las personas con problemas psicológicos o mentales y las personas que tienen enfermedades terminales, que cada vez hay más en las prisiones. Si a todo esto le sumamos la posibilidad de derogación de la ley de extranjería, por injusta, y además se aplican medidas antiprohibicionistas a la cuestión de las drogas, la situación penitenciaria daría un giro espectacular e inesperado. Pero todo esto requiere que la inversión del dinero público, vaya hacia el terreno de lo social, y sin embargo las políticas que se aplican actualmente, se orientan en el sentido contrario: canalizar toda la economía hacia el sector privado y promover y subvencionar a todas las grandes empresas del espectro multinacional. Esto ya se puede constatar en la incorporación de personal privado para la vigilancia en los centros de menores, dependientes de su comunidad autónoma, pero con gestión privada. Experiencia que servirá para su ampliación y aplicación en un futuro, a las cárceles de adultos.

Aquí, tenemos ya, algunos factores que convergen, y así podemos descubrir en todas esas políticas penales y punitivas, así como en todos esos discursos sobre escasez presupuestaria y hacinamiento, pasos decisivos para la implantación de las diferentes formas de privatización de las prisiones.

Para propiciar este proceso de privatización del espacio penitenciario, primeramente las prisiones deben de demostrar su eficacia productiva. Para ello, al igual que sucede en las cárceles americanas con mucha más experiencia en este sentido, es necesario que las prisiones tengan un elevado porcentaje de “ocupación”. Las cárceles vacías no interesan a ningún empresario, ni son rentables para los propios gestores de la prisión, pues hay rutinas que se deben de hacer igual si hay una persona encerrada, como si hay un millón de personas, y eso afectaría sobremanera, a una de las máximas penitenciarias: la seguridad.

Con respecto al trabajo en prisión, quisiera referirme a la realidad penitenciaria catalana por ser la menos desconocida y la que me pilla más cercana. En Catalunya, el trabajo en prisión lo gestiona una empresa pública creada en 1989, que depende del Departament de Justicia de la Generalitat: el CIRE (Centre d’Iniciatives per a la Reinserció). El CIRE, gestiona unos 32 talleres en 9 centros penitenciarios y fue creado para promover la “reinserción socio-laboral” de personas bajo medidas judiciales. Sin lugar a dudas, es un monopolio que entre las tareas que dice tener, están: la formación profesional, la inserción socio-laboral y el trabajo productivo; todo ello a través de la producción propia en talleres, o del trabajo para terceras empresas. De todas estas tareas, la formación profesional es ridícula por no decir nula. La reinserción socio-laboral es una eufemística manera de decir que no le preocupa lo más mínimo la reinserción, sino que sólo le importa la tercera tarea:el trabajo productivo.

Un 44% de pres@s, han pasado por los talleres productivos, pero sólo trabajan menos del 20% de los pres@s, aunque las expectativas para el 2007, es que lo puedan hacer un 70%. Las actividades que se realizan, van desde la fabricación de cajas de fruta, a los trabajos de artes gráficas, carpintería, confección, montajes eléctricos para automoción, manipulados de cartón, panadería,…

La realidad laboral de l@s pres@s, nos acerca a la idea de cuál es la finalidad de ese trabajo productivo:

– Cobran por piezas y no por horas trabajadas.
– No se pagan vacaciones o días de baja laboral.
– En caso de accidente, no se cobra el 33% de lo que les correspondería.
– Las cotizaciones a la Seguridad Social (SS) están siempre por debajo de la base que les correspondería.
– Pueden ser despedidos sin motivo.
– No se entregan nóminas con todos los trabajos y a much@s sólo les ponen lo realizado en media jornada.
– No permiten representación sindical, ni organizarse colectívamente ante abusos.
– A pesar de que el Regalmento Penitenciaro del 96, en su art. 147.2, establece que las retribuciones se habrán de establecer teniendo en cuenta el salario mínimo interprofesional, el sueldo es muy variable, pero la media está alrededor del 75% del salario mínimo interprofesional y perciben una media de 1,8 euros por hora, con el argumento de la “baja productividad” y de que el trabajo tiene una “concepción resocializadora”.
– No se pueden elegir ni los trabajos, ni las condiciones
– Las medidas de higiene y de seguridad laboral, quedan siempre en manos de l@s pres@s que trabajan y no de las empresas que se benefician del trabajo o de la prisión, por lo que si algún/a pres@ se queja o reclama cualquier medida, es apartado del taller productivo.
– Toda esta discriminación laboral, se ve agravada en el caso de los jóvenes y las mujeres en prisión.

El mínimo reconocimiento de derechos a la SS, se consiguió porque a principios de los años 90 un grupo de presos firmaron una demanda dirigida a la Direcció General de Serveis Penitenciaris i Rehabilitació, que derivó en una demanda judicial al ser desestimada y que finalmente, aunque no reconoció la equiparación de salarios, sí que obligó a la Direcció General a apuntar a la SS social a 40 de los 139 presos que iniciaron la demanda original, y a pagarles, además, las cotizaciones por los servicios prestados durante su reclusión.

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Y de todo esto, si las personas presas no se benefician, ¿quién lo hace?. Pues en estos momentos, aparte de las empresas que llevan su producción a la prisión o que utilizan la mano de obra de l@s pres@s y/o los talleres de prisión, los grandes beneficiados son los clanes familiares de la ya tradicional pirámide de la oligarquía catalana, desde la familia del anterior presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, hasta la de la jefa de proyectos del CIRE, Mª Teresa Samaranch, hija del antiguo falangista y “pope” del olimpismo, Jose Antonio Samaranch. Con todo ello, la finalidad reinsertadora de la prisión, deja paso, tal y como afirma el actual Secretario de Serveis Penitenciaris Albert Batlle, a otra finalidad fundamental: el fomento del trabajo productivo. El CIRE, en el año 1999, llegó a facturar 1.239 millones de las antiguas pesetas, ni una sola de esas pesatas, revirtió en l@s pres@s.

NO HAY QUE OLVIDAR QUE EL LEMA QUE COLGABA SOBRE LA ENTRADA DE LA PUERTA DEL CAMPO DE EXTERMINIO DE AUSCHWITZ, DECÍA:

“ARBEIT MACHT FREI”
(“EL TRABAJO OS HARÁ LIBRES”).

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