La prisión psiquiátrica o la psiquiatría penitenciaria.

Sobre prisiones hay estadísticas oficiales que dicen que, una cuarta parte de las personas «presenta patología psiquiátrica» y «uno de cada dos presos padece algún tipo de alteración en su estado mental» (Mercedes Gallizo dixit).

Oficialmente se barajan algunas cifras sobre el aumento de la demanda de atención psiquiátrica en las prisiones:

– 12% necesitó tratamiento psiquiátrico.

– 25% tienen al menos un diagnóstico psiquiátrico.

– 31% tienen prescritos psicofármacos.

Y de entre todos ellos, un 11% además consume metadona.

Estos porcentajes oficiales son 3 ó 4 veces superiores a lo que sucede en la población general que no está sujeta al sistema penitenciario, pero la realidad numérica detrás de los muros del encierro, escapan y superan la previsión de todas estas estadísticas.

Mercedes Gallizo, secretaria general de instituciones penitenciarias intenta desviar la atendión de sus responsabilidades en la penosa situación penitenciaria, asegurando que «algo está fallando, cuando para muchas personas el camino a la enfermedad mental tiene su última etapa en la cárcel».

Según han expuesto algunas ong’s que asisten a las personas presas, en los centros penitenciarios se atienden:

1) Trastornos mentales por consumo de sustancias, tanto por dependencia y abuso como por intoxicación y abstinencia.

2) Trastornos de la personalidad, siendo los más frecuentes el antisocial, el esquizotípico, el histriónico, el límite, o el paranoide.

3) Trastornos del estado de ánimo, generalmente de tipo depresivo.

4) Trastornos de ansiedad generalizada o en forma de crisis de angustia.

5) Trastornos del sueño, generalmente en conexión con algún otro trastorno mental, por el uso de sustancias o por cambios en el ritmo circadiano (respuesta biológica a los cambios ambientales -luz, temperatura, etc…).

6) Trastornos somatomorfos, como somatizaciones o hipocondría.

7) Esquizofrenias y otros trastornos psicóticos.

8) Trastornos adaptativos.

En un estudio realizado hace unos años en el Centro Penitenciario Madrid III (Valdemoro), una de las cárceles con menor gasto farmacéutico de la comunidad de Madrid, se constató que:

Un 20,5% de la población recibía algún psicofármaco

El 76% de los pacientes con tratamiento recibía 1 o 2 medicamentos

Un 65% tenía prescritos ansiolíticos

Un 38%, antidepresivos, y un 27%, antipsicóticos. 

El consumo total de psicofármacos ascendió a 9.840 dosis diarias de mantenimiento, un 46% de las cuales correspondía a ansiolíticos, un 17% a antidepresivos y un 14% a antipsicóticos. En 2 semanas, el gasto total sumó 5.379 €.

 En el Centro Penitenciario de Valencia (Picassent), más del 40% de los presos consumen psicofármacos.

Entre la medicación más habitual se encuentran los principios activos del DIAZEPAM (Diacepan -ansiolítico benzodiacepínico), LORMETAZEPAM (Loramet -hipnótico benzodiacepínico), QUETIAPINA (Seroquel -antipsicótico atípico), MIRTAZAPINA (Rexer -antidepresivo NaSSA), OLANZAPINA (Zyprexa -antipsicótico atípico), AMITRIPTILINA (Tryptizol, Mutabase, Nobritol -antidepresivo tricíclico + BZD), GABAPENTINA (Neurontín -estabilizador ánimo anticonvulsivante), CLONAZEPAM (Rivotril -estabilizador ánimo y ansiolítico bzd), PAROXETINA (Motivan, Paroxetina -antidepresivo inhibidor serotonina ISRS), TRAZODONA (Deprax -antidepresivo heterocíclico), CLORAZEPATO (Tranxilium, Dorken -ansiolítico bzd), DULOXETINA (Xeristar, Cymbalta -antidepresivo inhibidor serotonina y noradrenalina), RISPERIDONA (Risperdal -antipsicótico atípico), LORAZEPAM (Orfidel -ansiolítico bzd), ALPRAZOLAM (Trankimacin -ansiolítico bzd).

Ello significa que casi la mitad de los internos están en tratamiento diario con psicofármacos.

Este porcentaje en valor absoluto es alto porque está ocasionado por la condición de privación de libertad de lxs presxs (que conlleva estrés adicional) y la alta prevalencia de patología psiquiátrica entre lxos presxs de un centro penitenciario (drogodependencia, patología dual, etc).

El subgrupo terapéutico más prescrito corresponde a los psicolépticos y dentro de este, al subgrupo químico de las benzodiazepinas (ansiolíticos e hipnóticos). El fármaco con mayor número de tratamientos es el diazepam. Una de cada cuatro personas presas está en tratamiento con diazepam, básicamente debido a su actividad ansiolítica e hipnótica.

La Constitución recoge que las penas privativas de libertad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción, pero es fácil deducir que con un porcentaje tan elevado de personas medicadas, ni hay reinserción ni reeducación. La Ley Orgánica Penitenciaria es explícita ante la necesidad de un médico general con conocimientos psiquiátricos en prisión, pues la presencia de personas presas con alguna sintomatología que pudiera calificarse como enfermedad mental, es tan habitual como antigua.

Entre las cuestiones que quisiera destacar para hacer una aproximación sobre el psiquiátrico penitenciario, están: LOS AISLAMIENTOS.

Los aislamientos se legitiman en base a la peligrosidad y a una supuesta violencia pero tienen una antigua historia punitiva y de exclusión en asilos y manicomios. La persona aislada es desaparecida y negada a la relación. El aislamiento es el espacio para perpetrar todos los abusos que la institución carcelaria y psiquiátrica encubren y silencian, justificándose en la seguridad de la persona presa y/o diagnosticada y del resto de la población.

El aislamiento es el lugar en el que se confina a la persona privada de libertad, para mantenerla incomunicada del resto de población, de manera que sólo mantenga contacto con sus guardianes o carceleros y/o, durante la escasa hora/s de patio, con distintas personas en su misma situación. La “vida” de la persona en aislamiento, está tasada al segundo, sin privacidad ni un solo momento. Es un espacio del encierro, en el que las garantías y las condiciones del cumplimiento de la pena privativa de libertad, se pierden, para dejar paso a un protocolo cuya finalidad es la despersonalización de la persona incomunicada, a través del sometimiento a condiciones infrahumanas.

El aislamiento en prisión fue pensado para las personas que se consideraban inadaptadas a los regímenes ordinario y abiertos, y/o a las calificadas de “peligrosidad extrema”. Este régimen de encierro en aislamiento, establece una restricción de las actividades en común de lxs presxs y un mayor control y vigilancia sobre ellxs.

El aislamiento en las prisiones es un instrumento clave para la despersonalización y la modificación de conductas, y el espacio de mayor impunidad para el maltrato. Sometidxs a un constante control, con sistemáticos registros de celdas y de las pertenencias personales y con el único contacto con carceleros, el preso no tiene mayor posibilidad para reafirmarse en sus ideas y sentimientos, y siente que el control de su vida está en manos de sus guardianes. En ese tipo de encierro, las convicciones tienden a debilitarse, pues no encuentran con quien reafirmarse, y si además se interioriza esa falta de control, el terreno está preparado para el proceso de domesticación. Para lxs resistentes, además, se les reserva la disciplina más violenta del maltrato. Todos los sistemas privativos de libertad mantienen su particular aislamiento.

El aislamiento, por protocolo, es el paso obligado de toda desviación a la norma.

La sujeción mecánica es otra de las prácticas habituales en el aislamiento y a la que, en determinadas ocasiones, suponen complementaria del tratamiento y existe un protocolo de actuación en el que se debe de tener en cuenta la superioridad numérica suficiente como para sujetar cada una de las extremidades, e incluso la cabeza, de la persona a contener. También se debe considerar la posición de inmovilización, siendo de preferencia en los casos que se consideren oportunos por su estado de agitación, la de decúbito prono, que se justifica con la evitación de la aspiración del vómito y a lesionarse en la cabeza, a causa de la dificultad de movimientos del cuello. Esta posición, por el peso del cuerpo, impide la normal ventilación, así como la administración de fármacos vía intravenosa. La liberación de la sujeción, una vez contenida la crisis, está prevista de manera gradual y el proceso en sí puede ser tremendamente humillante.

Otra de las cuestiones a tener en cuenta son: LA VIOLENCIA

Es imposible hablar de la llamada enfermedad mental, prisión y delito, sin referirse a la violencia. Entre violencia y prisión siempre se ha planteado una relación muy directa, que se vuelve mucho más intensa cuando se hace referencia a la relación entre violencia y la llamada «locura», actualmente, «enfermedad mental». Se podría decir que ambas relaciones no son ciertas sino que responden a mitos interesados. En lo que se refiere a las personas con un diagnóstico psiquiátrico, sus actos violentos no son proporcionalmente mayores al del resto de población, sólo que en ellos se destaca su diagnóstico como inductor principal y eso enfatiza y resalta su condición al mismo tiempo que el mito y el estigma. Diferentes instituciones y muy especialmente los medios de comunicación, han sido parte importante en la construcción de ese mito y pánico, en la mayoría de las ocasiones absurdo.

En cuanto a las personas encarceladas, no debemos de olvidar que la violencia, principalmente, va implícita en la misma estructura del propio sistema e indisolublemente al medio penitenciario, y la agresividad de los seres humanos es producto de una compleja relación entre factores internos y externos y en la mayoría de ocasiones las razones escapan del ámbito de la psiquiatría y la medicina, de lo que se puede afirmar que las acciones más violentas, son completamente ajenas a lo que se llama enfermedad mental (guerras, torturas, genocidios, etc…), y sin embargo, como consecuencia de los miedos a supersticiones de una tradición antigua, el conocimiento científico no ha conseguido desprenderse ni distanciarse de esa cultura estigmatizadora y punitiva. Pese a todos los avances científicos, en los estudios más influyentes sobre la violencia y la «dificultad para controlar impulsos», el peso de los factores internos como los neurofisiológicos, los condicionantes genéticos, e incluso las hormonas o el llamado «síndrome premenstrual» o la disminución de niveles de serotonina, han intentado ser referentes inevitables en la elaboración de hipotéticas «evidencias científicas», haciendo del lóbulo temporal, un área de especial atención arqueológica para los investigadores en su búsqueda de un supuesto origen de la violencia; e ignorando casi completamente la influencia de los factores externos.

LA PELIGROSIDAD.

Es te es uno de los grandes y falsos mitos sobre los que se fundamentan todos los discursos para la alarma social. Hay la interesada y aviesa intención de hacer creer que las personas con algún diagnóstico psiquiátrico, son más peligrosas y violentas que las que no están diagnosticadas, pero la realidad demuestra que dicho diagnóstico no genera una mayor violencia, y que por general, las personas diagnosticadas son objeto de una mayor violencia que perpetradoras de esta.

Otra de las cuestiones a destacar son: LOS SUICIDIOS

La causa más frecuente de urgencia psiquiátrica en un centro penitenciario es la ideación o intento de suicidio, siendo los factores de riesgo principales el tener un diagnóstico de trastorno mental y el haber llevado a cabo una o varias tentativas previas. En las prisiones tienen lugares de observación antisuicidios y protocolos de prevención para los suicidios que son tan insuficientes como inútiles pues se basan en el acompañamiento de otro preso que debe de actuar en auxilio en caso de otro nuevo intento. El síntoma principal en estos casos es la ansiedad y su base psicopatológica la angustia vital. La actuación preventiva también conlleva la aplicación de sedación con sujeción mecánica. Además de la conducta suicida, existe la parasuicida de comportamiento autodestructivo o de intentos varios no letales. En la mayoría de ocasiones los suicidios son son inducidos directa o indirectamente.

Las causas que pueden llevar al suicidio las han reducido principalmente a cuatro situaciones. Suicidio y enfermedad mental, cuando el motivo es la pérdida de control por parte de la persona diagnosticada. El llamado suicidio balance de quien después de realizar esfuerzos no supera su situación y de manera lúcida quiere poner fin a su existencia. Suicidio en corto-circuito, a causa de una noticia nefasta o una fuerte impresión. Suicidio colectivo, cuando se induce por una identificación muy intensa. Entre estas situaciones se suele ignorar interesadamente el suicidio inducido, que no es más que aquel que provoca la institución a través de sus carceleros, equipos de tratamiento o con su violencia estructural.

La sujeción mecánica es otra de las prácticas habituales a la que, en determinadas ocasiones, suponen complementaria del tratamiento y existe un protocolo de actuación en el que se debe de tener en cuenta la superioridad numérica suficiente como para sujetar cada una de las extremidades, e incluso la cabeza, de la persona a contener. También se debe considerar la posición de inmovilización, siendo de preferencia en los casos que se consideren oportunos por su estado de agitación, la de decúbito prono, que se justifica con la evitación de la aspiración del vómito y las lesionarse en la cabeza, a causa de la dificultad de movimientos del cuello. Esta posición, por el peso del cuerpo, impide la normal ventilación, así como la administración de fármacos vía intravenosa. La liberación de la sujeción, una vez contenida la crisis, está prevista de manera gradual y el proceso en sí puede ser tremendamente humillante.

PSIQUIÁTRICO PENITENCIARIO

En el estado español hay dos Psiquiátricos Penitenciarios a los que llaman eufemísticamente «hospitales». Son el de Sevilla-2 (con 170 personas) y el de Fontcalent (unas 300 personas), en Alicante. Están como hace 20 años y siguen casi con los criterios terapéuticos de hace 40 años.

Frente a esta situación, y como también forman parte de sus responsabilidades, Gallizo tiene la intención de construir un psiquiátrico penitenciario más dentro de esta oleada expansiva de construcción de nuevas prisiones y macrocárceles. Además algunas prisiones cuentan con unidades o módulos psiquiátricos, como por ejemplo La Modelo o Brians I en Barcelona, y en aproximadamente 35 prisiones del resto del estado se ha asumido un programa de asistencia integral de salud mental, por lo que da la impresión de que las prisiones vuelvan a recuperar la antigua función de los manicomios. Así tenemos que a las casi 80 prisiones de todo el estado, se le deben de sumar las 46 nuevas construcciones que contempla un plan propuesto en el 91, pero aprobado en el 2004 por el PSOE, y la probabilidad de más unidades psiquiátricas, pues ese alarmante incremento de personas diagnosticadas en prisión, no es más que la evidencia de los problemas endémicos, la violencia estructural del propio encierro y la masificación penitenciaria, que son estresores fundamentales, y que al contrario de lo expuesto por la lógica interesada de los políticos, no se evitan construyendo más cárceles, sino más bien al contrario, se multiplican y agravan.

En el Hospital Psiquiátrico Penitenciario, confluyen tres de los espacios definidos como instituciones totales, es a la vez prisión en su estructura y manicomio en el tratamiento, y de la parte hospitalaria se adoptan las peculiaridades que se refieren más específicamente al control, distanciándose de los cuidados. Si en las prisiones existe una opacidad informativa alarmante, se puede decir que los hospitales psiquiátricos penitenciarios son impenetrables.  Es interesante comprobar como hay circunstancias que pueden atenuar la responsabilidad criminal, y que en el caso de abuso de sustancias, hay situaciones que se pueden considerar un atenuante por «trastorno mental transitorio». La eximente puede ser completa o incompleta, y aunque considere a la persona inimputable, no significa que quede libre de responsabilidad jurídico-penal.

Las personas encerradas en los hospitales psiquiátricos penitenciarios, no lo están por «delitos», pues legalmente se considera que, a causa de tener las capacidades intelectivas y volitivas anuladas, son inimputables. Esto quiere decir que se considera que actuaron sin conocimiento del bien o el mal que causaban, y/o sin libertad volitiva para decidir sobre sus actos, por lo que no están condenadas, sino sujetas a las llamadas «medidas de seguridad» de internamiento, por el tiempo que habrían sido condenadas a una pena, ya que la ley no descarta la responsabilidad del individuo por el hecho de que un acto se asocie a un «trastorno mental». Es importante este matiz, porque nos permite entender que, aparte de toda la carga moral que implican los términos, responsabilidad y culpabilidad, son también jurídicos y necesitan de un juez; mientras que inimputabilidad es un término jurídico-biológico, que viene determinado por un médico-psiquiatra que asesora como périto a los tribunales.

Se puede decir que la ley ha despenalizado a los enfermos mentales que cometen un delito, pero al precio de transformar a todos los enfermos mentales en sospechosos.

Al considerarlas personas inimputables pero encontrarse sujetas a un régimen ajeno al sanitario deficitario, en las distintas comunidades autónomas se consiguió un acuerdo para que la atención de las personas recluidas en centros psiquiátricos penitenciarios, no fuese diferente a la del resto que se hallan en libertad y para encontrar los recursos más adecuados para cada una de ellas a través de acuerdos entre II.PP. y centros de acogida o de tipo residencial. Ninguno de estos acuerdos mínimos se cumple, pues la masificación muy por encima del número de plazas disponibles, provoca hacinamientos que alteran cualquier recuperación de estabilidad psíquica y emocional. A esto hay que añadir la escasez de los recursos humanos más básicos, que a pesar de que se dejan al voluntariado de ong’s que entran en prisión, es del todo insuficiente y generan una situación de una gravedad tan humillante, que a pesar de la ocultación y el silencio impuesto por el terror, se han conseguido sacar denuncias de malos tratos y abusos sexuales.

Creo que fue a principios de los años 80, cuando se inauguró el hospital psiquiátrico penitenciario de Fontcalent y, bajo la influencia de la reforma psiquiátrica, se propuso un funcionamiento innovador con cierta semejanza al de las «comunidades terapéuticas» cerradas, que fracasó estrepitosamente por el boicot de los carceleros y el desinterés de la Dirección General, que prefirió gestionarlo como una cárcel de cumplimiento de primer grado, más que como centro especializado y por tanto, abierto al abuso individual y sistemático y no a las terapias comunitarias del momento.

En comparación con la cárcel, el psiquiátrico penitenciario tiene además otras innumerables desventajas. La mayoría de personas que se encuentran privadas de libertad en los psiquiátricos penitenciarios, es como consecuencia de actos agresivos contra las personas, por lo que la media de tiempo de cumplimiento de la «medida de seguridad», es superior a los 8 años y, en el caso menos desfavorable es de cumplimiento íntegro. Hay quien lleva toda su vida encerrado. De todas las personas que hay en los psiquiátricos penitenciarios, sólo alrededor de una cuarta parte cuentan con algún apoyo familiar y todas están diagnosticadas con los llamados «trastornos mentales severos» (trastornos mentales graves de duración prolongada y que conllevan un grado variable de discapacidad y disfunción social; son los más invalidantes de la persona).

La psiquiatría oficial plantea la necesidad de abordar los «trastornos mentales severos» desde un modelo de enfermedad biopsicosocial, esto es, considerando no sólo los aspectos orgánicos, sino también los personales, familiares y sociales, algo que el confinamiento no sólo dificulta, sino que imposibilita. El prolongado encierro de estas personas, en sus circunstancias, provoca que sus «patologías» se cronifiquen o se compliquen con otras propias de los medios carcelarios de encierro, pues el entorno de límites permanentes, la ausencia de naturaleza, el escaso espacio de recorrido de la visión o la prevalencia de líneas verticales y horizontales, entre otras muchas cuestiones, son graves limitaciones en los estímulos que necesita cualquier persona y especialmente quienes tienen prescrito un diagnóstico de esas características, para generar la mínima actividad mental necesaria y saludable.

Por otra parte, se tiende a la incapacitación de estas personas, tanto en el sentido personal, remarcando sus limitaciones y negando sus habilidades; como en el legal, dejándolos bajo la tutela de algún familiar o institución, y privándole de la toma de cualquier decisión.

Una de las cuestiones que debería de interrogarnos es el hecho de que una gran parte de las personas que están allí encerradas, atentaron o acabaron con la vida de alguien porque el sistema integral de salud mental no funcionó, porque en demasiadas ocasiones es insuficiente y no dispone de recursos y medios materiales y/o humanos, o no están adecuadamente desarrollados e implantados en su zona de actividad. Esto pone inmediatamente en evidencia dos cuestiones obvias. La primera es que con un modelo integral de salud mental adecuado, probablemente esa persona no estaría encerrada. Y una segunda mucho más cierta, no se habría producido ningún atentado contra la vida de alguien. A parte de estas cuestiones más obvias, hay otras circunstancias que nos podrían llevar a pensar en todo ese recorrido que se inició con la apertura de los manicomios públicos y la salida de los «locos» que generaban un gasto público, y como con el neoliberalismo se cierra el círculo transformando la «locura» en delincuencia, y por ende, ambas, como cuestión genética, pues así lo determina la lógica oficial biomédica; proponiendo que frente a la imposibilidad de cambio del medio perturbador, el propio sistema, otra prisión es posible con el cambio conductual individual que hace soportable, sostenible y justificable, cualquier modelo de agravios, injusticias y desigualdades sociales.

El sistema de los privilegios de las oligarquías que sostiene el capitalismo, se protege frente a la ira de las desheredadas y las desposeídas, una población que frente a la insaciable codicia de los gobernantes, crece desde la precariedad forzada de nuestras vidas, privándonos por la fuerza del monopolio de su violencia de libertades, recursos, oportunidades, apoyo mutuo y de toda posibilidad de gestionar nuestras vidas colectivamente a través de tratamientos coercitivos individualizados y la promulgación de reformas penales que nos destacan como sujetos altamente peligrosos para la seguridad del sistema.