La libertad de expresión, y la libertad de información, son principios fundamentales que todo país llamado democrático debería respetar, contrastando las informaciones y favoreciendo el acceso a los medios de las personas o colectivos aludidas y/o afectadas. Los regímenes políticos que no respetan estos y otros principios fundamentales, son considerados como sistemas totalitarios y dictatoriales.
En Barcelona, y por extensión en Catalunya o en el estado español, sistemáticamente se hace alarde de instituciones democráticas y de medios de comunicación acordes a dicho sistema, pero la realidad es muy diferente de la que expresan, tanto las administraciones gubernamentales como los propios medios.
Los medios de comunicación, muy lejos de recoger la realidad cotidiana de la sociedad, son transmisores de discursos y versiones oficiales que desvirtúan la realidad y no tiene, para nada en cuenta la versión de las otras partes afectadas por la información. Actualmente, y desde hace tiempo, todas las instituciones de poder, ejecutivas, judiciales y legislativas, tienen su departamento de prensa que emite comunicados que son fielmente reproducidos por dichos medios de comunicación, sin cuestionar ni una sola coma. De ahí que, los medios de información, sean altavoces de los discursos oficiales y oficiosos, sin que ningún otro discurso tenga la más mínima posibilidad de ser recogido o escuchado.
Nuestros sistemas democráticos, ya no necesitan exclusivamente de la imposición por la fuerza utilizada en las dictaduras, ahora, la imposición se lleva a cabo también por otros medios y el recurso de la violencia, se remite a espacios muy concretos y no de forma sistemática, pero sí habitual. Hay espacios en los que las instituciones aplican, para determinadas circunstancias, protocolos de violencia a los que legal o alegalmente, se les dota de impunidad. En muchas ocasiones, esta violencia se aplica con la inestimable colaboración y complicidad de los medios, que justifican dicha práctica, con la creación de infundadas alarmas sociales.
Es por esto que personas de diferentes barrios y distintas afinidades, en este acto de ocupación simbólica de este medio de comunicación (sede de El Periódico), queremos denunciar toda la falsedad de este sistema que, mientras que por un lado reclama a otros que repudien la violencia si no quieren ser ilegalizados, por otra parte, avalan y legitiman la violencia del estado y de los intereses del capital contra las personas y los colectivos que luchan y se rebelan contra dicha imposición en este simulacro de democracia de vidas de miseria.
Denunciamos la censura y el silencio informativo ordenado desde altas instancias del poder político y económico y la complicidad con la criminalización contra los movimientos sociales y los grupos disidentes de la versión oficial.
Señalamos las situaciones de las expulsiones de personas migradas a las que se considera ilegales, como si hubiese personas que han nacido en el país correcto y por tanto legales, y otras que no.
Señalamos las personas encausadas por el 11M, a las que consideramos que no se le han respetado las mínimas garantías para una defensa digna, empezando por la presunción de inocencia.
Señalamos a las personas encausadas por el llamado caso Kubotán y por el Forat de la Vergonya, a las que, por denunciar la especulación urbanística y después de ser objeto de la violencia policial, se les reclama años de cárcel por poner en evidencia los métodos infames de la represión.
Señalamos las situaciones por las que han pasado personas presas como Amadeu Casellas, Manuel Pinteño, y tantas otras que desconocemos, a las que se les ha mantenido más tiempo en prisión por denunciar y resistirse a esa violencia institucional del sistema penitenciario, y a las que se les había condenado a cadenas perpetuas encubiertas, sin tener ningún delito de sangre.
Señalamos el llamado caso del 4F, un grupo de personas detenidas, apalizadas y encarceladas, a las que se les hace responsables sin pruebas, de la situación de coma de un agente de la guardia urbana y sin embargo, no se tiene en cuenta la violencia ejercida contra ellas.
Señalamos las situaciones de las compañeras Nùria Pórtulas y Tamara, encarceladas con acusaciones desvirtuadas y completamente infundadas, por mostrar su solidaridad con las personas presas.
Señalamos las estudiantes encausadas por las protestas contra el Plan Bolonya y por su lucha por una enseñanza pública y popular y contra la privatización progresiva del modelo educativo universitario.
Señalamos a personas como las encausadas por su lucha contra los proyectos desarrollistas y especulativos como el Pla Caufec, que se han opuesto a los planes urbanísticos que destruían sus pueblos, y a las personas que se oponen a la MAT.
Señalamos a las personas que se resisten a pagar las penas-multa y a la llamada Normativa Cívica, propuestas en la línea de las políticas ultraconservadoras de «Tolerancia Cero».
Señalamos a los trabajadores y trabajadoras de TMB represaliadas por su lucha por unas condiciones laborales dignas y a las de otras empresas que se resisten a la precariedad laboral impulsada desde la connivencia entre patronal, estado y sindicatos mayoritarios.
Señalamos a Jona del Eixample, a Karim de Vilanova y a Gerard de Lleida, que se enfrentan a penas de prisión por oponerse a las políticas depredadoras del capitalismo.
Señalamos a Lola, Laura y Marina que todavía siguen encarceladas en prisiones del estado español y francés, por solidarizarse con la lucha del pueblo vasco.
Señalamos a todas las personas que sufren los daños colaterales de todas estas políticas represivas inspiradas en las propuestas de control social de la derecha más ultraconservadora y que afectan en lo más cotidiano a personas que intentan sobrevivir en esta sociedad, a través del ejercicio de sus actividades musicales y culturales en la calle, y a aquellas que por su situación de mayor fragilidad social, no se les permite una salida digna, persiguiéndolas e incluso encarcelándolas con las excusas de estar sometidas a hipotéticas mafias.
Desde aquí, no sólo queremos denunciar esta infame complicidad de los medios de comunicación con la violencia del estado-capital, sino que además queremos denunciar a algunas de las instituciones en las que dicha violencia se aplica de una manera más cotidiana: La cárcel, como centro de exclusión y exterminio, progresado y adaptado a las necesidades de estas falsas democracias capitalistas. Los centros de menores, auténticas prisiones para nuestros hijos e hijas. Centros de Internamientos de Extranjeros y Extranjeras (CIE), limbos jurídicos y penales, en los que los derechos desaparecen y se pierde toda condición humana.
TorturesQuatreCamins2004 