El trabajo, la re-presión que viene

El sistema político que mantiene nuestro actual modelo social, podría perfectamente plantearse la desaparición de las prisiones o cualquier otra institución represiva, sin embargo, ha optado por dar un giro excesivamente previsible para afirmar sin ningún género de dudas su autoridad, control y poder. En vez de ir simulando y encubriendo las instituciones de control y castigo entre los complejos amasijos de su más que razonados discursos humanistas, ha preferido mimetizar con grotescos disfraces a sus tradicionales instituciones, creando confusión entre las que presumiblemente nos regeneran y las que ciertamente nos mutilan y todo ello, con la aviesa finalidad, de conseguir, todavía más, sacar dinero incluso a quienes no tienen, ni para su propia supervivencia.

Antaño, las construcciones carcelarias, eran tan fácilmente identificables como las grandes industrias, y los sueños humanistas de diluir esa prisión entre los distintos proyectos re-educativos o sociales, han tomado un inesperado, pero previsible giro, de tal manera que ahora la prisión ha dejado de tener muros que la limiten y nos separen en dos hipotéticos mundos, de tal manera que tod@s, acabaremos dentro de un gran centro penitenciario, con diferentes grados de penalidad o bienestar; y los elementos fundamentales sobre los que girará este nuevo modelo social, no son otros que toda una inmensa diversidad de nuevas propuestas y reformas para aplicar a los sistemas penales y productivos.

Cabía esperar, que tras la muerte del dictador Franco, la paulatina supuesta desaparición de la dictadura, fuese llevándose consigo a los fascistas, sus prácticas y sus sistemas de represión. Casi veintiocho años después de la muerte del dictador, podemos comprobar que lejos de lo que tenía que haber sucedido, las leyes fascistas, nos siguen atenazando desde formas democráticas de consenso y con un inusual impulso genocida, al igual que antaño hicieron desde su expresión más dictatorial. Las reformas penales del año 1988, promulgadas por el PSOE con la excusa de la lucha contra el terrorismo, establecieron la posibilidad de aplicar la suspensión de los elementales derechos que recogía una insuficiente Constitución. Años después, destacados dirigentes socialistas, dieron sobradas muestras de que su papel desde el gobierno, no tenía nada que ver con la lucha contra la desigualdad, y que para su propio enriquecimiento, el recorte de las más elementales libertades se convertían en claro objeto de su deseo; así redactaron circulares como la que dió origen al FIES (Fichero de Internos en Especial Seguimiento), o la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como “Ley Corcuera”, que más tarde fue declarada anticonstitucional porque no guarda esas formas democráticas ni constitucionales ante los abusos policiales que promocionaba. Amparados bajo este tipo de leyes, y pese a que habían sido promulgadas con la excusa del estado de excepción y de la permanente lucha social que se vive en Euzkadi, ya en el año 92 y como actuación “preventiva” para el buen desarrollo de las Olimpíadas de Barcelona, se llevó a cabo una represión contra personas relacionadas con el independentismo catalán (Operación Garzón). Desde entonces, el hostigamiento, las detenciones indiscriminadas y la criminalización de personas u organizaciones de los movimientos sociales, ha sido una constante y con la subida al poder y las últimas reformas del código penal, llevadas adelante por el PP y el PSOE, colocan las libertades individuales y colectivas, como primer objetivo y a las diferentes formas de disidencia, en el punto de mira represivo. Este giro decisivo para atenazar y silenciar cualquier manifestación crítica con el sistema, se produce en un momento en el que todos los medios de información, controlados por las distintas familias del poder, justifican y legitiman cualquier vulneración de los derechos en lo que han venido a llamar la “lucha contra el terrorismo”, pero que se hace extensible a cualquier otro contexto de beligerancia, sea social, laboral, político,…

Las influencias de los grupos neoconservadores estadounidenses, traspasan fronteras y en toda Europa, se dejan oir estos discursos que, desde influyentes clases acomodadas y con un importante auditorio de clases más bajas, reclaman la imposición de leyes de “tolerancia cero”, con la única intención de consolidar definitivamente ese nuevo orden mundial del neoliberalismo salvaje, que está dispuesto a engullirse a todos los elementos improductivos y disidentes que ralentizan, con su lucha, el empuje hacia una vida miserablemente precaria y al rápido enriquecimiento de esas clases gobernantes que son los consejos ejecutivos de las multinacionales, que han invadido el espacio institucional desplazando al estado como gestores y recaudadores de la economía y los beneficios públicos y dirigiendo a los países como si de empresas se trataran. Con esto se establece un nuevo contexto dentro de este capitalismo neoliberal, en el que se deben de redefinir, no sólo las transformadas clases sociales, sino también la función del estado, que se retira de su papel primordialmente social y provisor, para ir ocupando el espacio de un estado penal omnipresente y represor, que le permitirá gobernar la miseria creada por la desregulación y precarización del mercado del trabajo y aumentar de una forma desmesurada la población penitenciaria. Es por eso, que socialmente hacen aparición discursos y dispositivos criminalizadores que inducirán a la degeneración moral de las clases más populares y que se justificarán, apelando a la responsabilidad individual y amparándose, no sólo en la lucha antiterrorista, sino en la necesidad de “civilizar la ciudad”, recuperando los “espacios públicos” indispensables para la vida urbana y erradicando ese “desorden” en el que se complacen las clases pobres y a las que consideran el “terreno natural” del crimen. Para ello, la “seguridad ciudadana” transformará sus comisarías en “centros de ganancias”, en los que se valorarán sus rendimientos en base a la disminución estadística de los delitos, como si de una industria se tratase. De estos planteamientos surge toda esa retórica de “guerra” contra el crimen y que asimila a delincuentes, inmigrantes, mendigos,… como invasores extranjeros. Los encarcelamientos sin motivo judicial, están al orden del día y se producen sin cesar, lo que significará una sobrecarga de los tribunales, sólo comparable a la de las detenciones y órdenes de prisión preventiva. Esta última situación, el desprecio y el maltrato recibido de los tribunales y los costes adicionales, sociales, políticos, morales, económicos y no la culminación del proceso penal, serán la verdadera sanción penal.

No importa tanto el supuesto delito como la mediatización política de la “eficacia” policial contra las clases populares expulsadas a los márgenes del mercado laboral y abandonadas por el Estado de provisión y que son el verdadero objetivo de todas estas políticas de “tolerancia cero”, en que la denegación organizada de justicia, es sólo uno de sus más preocupantes síntomas. La idea de que una supuesta “underclass” (clase baja) de pobres de solemnidad, peligrosos, alienados y disolutos, devastará el estado de “bienestar”, será uno de los principales motores que unirá a la derecha y a la izquierda para que los estados asuman fuertes medidas penales de reprobación pública de comportamientos y el agravamiento de las coacciones administrativas y las sanciones penales. La interiorización del miedo a que estas clases sociales excluídas de la posibilidad de trabajar, y dependientes de alguna ayuda social, puedan acabar con el modelo de civilización occidental, será la excusa suficiente para que las clases medias exijan al estado, que instituya la imposición de la disciplina de trabajo asalariado forzado, supervisando de esta forma, cada uno de los día de sus vidas y su comportamiento cotidiano y actuando como instrumentos de vigilancia y disciplinarios disfrazados y reconduciéndolos a la tutela penitenciaria, en caso de “flaqueza”; lo que conllevará la disolución de la fractura social entre ricos y pobres, que será reemplazada por las diferencias de “personalidad” entre “responsables” e “irresponsables”, creando una sociedad meritocrática al margen de toda política pública. De esta manera el trabajo social y el policial obedecen a una misma lógica de control y de ortopedia de enderezamiento conductual, llegando al punto de inventarse categorías para indecentes usos políticos, como la de “violencia urbana”, que no es más que un artefacto burocrático y que no obedece a ninguna coherencia estadística , ni consistencia sociológica. El estado tendrá que imponer también, de manera intransigente, la idea de la eficacia penitenciaria, de que la prisión “funciona” y que, la prisión como institución necesaria, lejos de constituir una carga financiera insoportable, es una interesante inversión rentable y meditada que sirve a los más altos fines de la sociedad del bienestar (de un@s poc@s). Éste será otro de los falsos argumentos estatales y del capital, que ven en las prisiones una forma más de reproducir indefinidamente el sistema económico y productivo neoliberal en sus más puras condiciones de neo-esclavitud, sin grandes interferencias y ante el que deberá mostrarse implacable, aunque contrariamente a lo que digan los discursos políticos y mediáticos, las cárceles estén llenas, no de endurecidos “criminales”, sino personas de los barrios más castigados por la reconversión laboral y condenados por casos de drogas, pequeños robos o hurtos, o simples perturbaciones del orden público, y que para conseguir su precaria libertad, deberán pasar por todo un penoso proceso de sociabilización productiva, para pagarse su “estancia” en la prisión. “La “tolerancia cero”, es el complemento policial indispensable del encarcelamiento en masa al que conduce la “penalización de la miseria”1. Para ello será fundamental, restaurar la “moral policial”, que ha estado cuestionada por los criminólogos y sociólogos que reconocían que el crimen es causa de factores sociales como el de la pobreza, sobre los que la policía no tiene ninguna capacidad de influencia.

“Tolerancia cero”, flexibilización de los límites jurídicos entre menores y adultos, cárcel para jóvenes con reincidencia, veda horaria, denuncias sobre “violencia urbana o de jóvenes”, responsabilidad penal paterna, persecución de los pequeños traficantes de drogas y de inmigrantes, reincidencia como excusa penitenciaria, libertad tras la condena a cambio de asumir la responsabilidad civil,… son programas que evidencian una evolución inédita con el fin de reafirmar el influjo moral sobre las clases medias y que pretenden domesticar en la disciplina del nuevo mercado de trabajo al subproletario, aislando a grupos percibidos como amenazas y neutralizando a sus miembros supuestamente más perturbadores; pero que en realidad, no sólo son muy costosos en medios materiales y humanos, sino que además no tienen ninguna incidencia apreciable sobre eso que llaman delincuencia y a la que únicamente se conforman con desplazar en el espacio y en el tiempo y no a atender a sus causas más profundas.

1.- Loïc Wacquant, “Las cárceles de las miserias”

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