La realidad sanitaria de las cárceles del estado español, configura un lugar donde, según estudios independientes, cada cinco días muere una persona presa por motivos y circunstancias no naturales (falta, interrupción o inadecuación del tratamiento médico, suicidio, reyertas, retrasos en la hospitalización…) y donde el 70-80% de la población reclusa padece enfermedades que requieren un tratamiento médico especializado que la institución no dispensa. Las prisiones se han convertido en auténticos depósitos de enfermas abandonadas, receptáculos siniestros de población que registra índices de prevalencia de enfermedades físicas y psíquicas infinitamente superiores a la media social.
Algo que no puede extrañarnos si tenemos en cuenta que la política de Interior, ministerio responsable del Sistema Sanitario Penitenciario siempre ha privilegiado lo económico y punitivo sobre lo médico y humanitario. Si atendemos al caso concreto del SIDA, en la actualidad y a diferencia de hace unos años, la conducta de la persona presa prevalece sobre su enfermedad como criterio para la puesta en libertad de las enfermas. Otras voces apuntan además, que la administración, al comprobar que las personas portadoras de VIH ya no se mueren con la rapidez de antaño, ha pasado a considerar las excarcelaciones como algo menos necesario.
El mantenimiento y la producción de enfermedades se dibuja como una forma más de castigo dentro de la política de «exterminio» de Instituciones Penitenciarias. La cárcel es una fábrica que produce de modo intensivo depresiones y otros desequilibrios emocionales, enfermedades cardiovasculares, privaciones sensoriales, úlceras, disfunciones en el aparato digestivo, en la vista, en la piel,… y un lugar idóneo para la transmisión de enfermedades contagiosas (tuberculosis, VIH, hepatitis). La desatención médica es una constante y los programas de prevención son prácticamente inexistentes, y todo a pesar de que la industria carcelaria destina cuatro millones de pesetas por cada reclusa al año, en concepto de servicios, personal e infraestructuras.
La propia Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, un organismo corporativo que agrupa a más del 80% de las facultativas de las prisiones españolas, poco sospechoso por tanto de “radicalismo altruista”, asegura en una carta dirigida al Ministerio del Interior que el sistema sanitario penitenciario “es inviable, anticuado y no puede garantizar una atención sanitaria a las reclusas similar a la del resto de ciudadanas”. Además, “se ha convertido en un ghetto al margen del resto del sistema sanitario, económica y organizativamente inviable”. En el escrito, este organismo, que desde hace años lucha por la inclusión de la medicina penitenciaria en el Ministerio de Sanidad, aporta una serie de datos que coinciden con muchas denuncias presentadas por las presas y los grupos de solidaridad. De este modo, la dispensación de medicamentos en la inmensa mayoría de los centros se está realizando de forma “ilegal”, a través de botiquines cuya gestión corre a cargo del personal sanitario de la cárcel (médicas, ATS y auxiliares de clínica) y no de farmacéuticos como exige la Ley del medicamento y las normas autonómicas. Además, ante la carencia de equipos especializados, son las propios médicos generalistas las que realizan funciones asistencialistas para las que no están preparadas, como la atención a personas infectadas de SIDA, el cuidado de enfermas psiquiátricas o los tratamientos de conductas adictivas.
SIDA + cárcel = muerte
La ausencia de directrices organizativas del Ministerio de Interior sobre la atención a presas con SIDA está impidiendo en la mayoría de los centros penitenciarios un correcto y mínimo tratamiento de estas enfermas. Algo a lo que hay que añadir la prohibición actual de prescribir determinados medicamentos para el tratamiento del virus como el polémico “Combivir”-, en contra de todos los informes médicos y con el único criterio de ahorro en los presupuestos. El fármaco “Combivir”, compuesto por dos principios activos antirretrovirales y cuya patente explota en régimen de exclusividad la empresa “Glaxo Welcome”, ha sido retirado d e las prisiones por Interior y sustituido por dos tomas que poseen los mismos principios activos y un coste mucho menor. El gobierno asegura que los nuevos productos poseen el mismo valor terapéutico que “Combivir”, pero el hecho es que las presas con VIH se niegan a tomarlos y muchos los arrojan a los patios de las prisiones como forma de protesta. Su ingestión entraña, entre otras cosas, una mayor dificultad en la adherencia de las enfermas al tratamiento y la aparición de efectos secundarios como graves molestias gastrointestinales, hepatopatías, etc.
Por otro lado, desde hace tiempo la administración penitenciaria, dentro de su “eficiente” política de ahorro, distribuye en algunas cárceles productos que forman parte de los excedentes de las empresas farmacéuticas, muchas veces fuera del mercado e incluso caducados. Ante el boicot de las presas a la toma de estos medicamentos, los carceleros responden con malos tratos y traslados a celdas de aislamiento, medidas que han sido respondidas con huelgas de hambre.
Otro de los ámbitos abandonados de la sanidad penitenciaria es la salud mental, reduciéndose, en los centros donde se aplica, a una o dos consultas mensuales de un/a psiquiatra. Por ende, los hospitales psiquiátricos penitenciarios están colapsados y únicamente pueden albergar a internadas judiciales y no a presas ³enfermas². Todo esto, a pesar de los problemas de desidentificación personal y los estados de privación emocional y sexual que la cárcel genera. No entendemos como las personas allí encerradas no son más violentas, su entereza es sin duda admirable.
Al aumento de las enfermedades y su escaso control, hay que añadir, en la mayoría de los presidios unas deficientes infraestructuras y la carencia de un gran número de equipamientos. La falta endémica de mobiliario y aparatos médicos, la deficiente ventilación, las humedades, la ausencia de agua caliente y unas condiciones higiénicas deplorables aparecen como una constante en las enfermerías que hace imposible una praxis médica correcta. Además, como también denuncia la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, existe un claro “déficit de recursos humanos” con lo que la atención que se brinda a cada reclusa enferma suele ser breve y escasa. Según datos del propio gobierno, la ratio de personal sanitario por cada mil internas es de 28, lo que representa una relación de un/a médico por cada 112 presas.
Después de todo esto, ¿quién no entiende que muchas presas enfermas prefieran pasar sus padecimientos en sus celdas antes que acudir a la enfermería de prisión?
Mujeres presas
La situación sanitaria de las mujeres presas es aún más grave que la de sus compañeros. En muchos centros, aunque quieran, no pueden ir a la enfermería porque la única existente es sólo para hombres. Otras veces, los equipos médicos, como denuncian las presas de Puerto II, dificultan o impiden las salidas a centros de la red pública para asistencias especializadas. Cuando no se niegan directamente a cosas tan elementales como facilitar documentación a las enfermas sobre sus propias dolencias, diagnósticos y tratamientos o a hacer partes sobre presuntas torturas de las carceleras.
En la mayoría de las prisiones o módulos de mujeres (Ávila, Huelva, Sevilla II, Puerto o Jaén II) la asistencia ginecológica y odontológica es inexistente, la interrupción de tratamientos iniciados antes del ingreso en prisión es algo común y el abandono de las internas con el síndrome de abstinencia es una constante. Para las presas en aislamiento, la atención sanitaria no es ni buena ni mala. Directamente no existe.
La situación es tan grave que el propio Ministerio del Interior, a través de un informe presentado en julio del 2002, admitió que no tiene capacidad para financiar una sanidad penitenciaria de calidad. De ahí que está, según el ministerio, “presente limitaciones, tanto en atención como en eficiencia y eficacia, en relación con la sanidad que se ofrece a la población general, más aún teniendo en cuenta la alta incidencia de enfermedades que se dan en la población reclusa”. Además, el traspaso de las competencias sanitarias a las autonomías “hace de la Sanidad Penitenciaria un dispositivo cada vez más alejado del Sistema Nacional de Salud, menos eficiente y con más limitaciones en la consecución del principio de igualdad y equidad”. Ya se ha reconocido el problema y la incapacidad. Sólo falta la solución. 60.000 voces presas la demandan.
NOTAS
(1) Este escrito es del 2002
TorturesQuatreCamins2004 