A tono con los tiempos y su obsesión por la inseguridad, la industria carcelaria se ha convertido en un negocio astronómico. En EE.UU. mueve diez mil millones de dólares anuales y, en plena conquista de un mercado global, ya ofrece servicios especializados en los cinco continentes. España ha entrado también en el nuevo circuito privatizador.
La prisión de Bay County Jail, en Florida, oferta en su página Web 700 camas. No dice «tenemos presos», dice «tenemos camas», ya que al igual que en un hotel, el negocio del director es tener las celdas ocupadas con muchos clientes. Y es un gran negocio, a juzgar por el público potencial. Estados Unidos cuenta con la espectacular cifra de dos millones de presos, de los cuales 100.000 se hospedan‚ en cárceles gestionadas por la empresa privada y subcontratadas por el Gobierno americano. Una tendencia que se extiende hacia Europa de forma imparable.
Sin ir más lejos, en nuestro país, casi sin ruido y sin debate público, la empresa privada ha entrado también en el sistema penitenciario. Cataluña, la única comunidad que tiene transferidas las competencias penitenciarias, es la pionera en esta iniciativa. El Gobierno tripartito ha prometido construir diez nuevas prisiones en cinco años. Y ha decidido recurrir a la semiprivatización en algunos proyectos. En concreto, la nueva cárcel de Can Brians, en Barcelona, y el módulo de jóvenes de Quatre Camins en la Roca del Vallés (Barcelona). Además, el sector privado financiará la construcción de la Ciudad de la Justicia de Barcelona y Hospitalet, un megaproyecto integrado por ocho edificios que será explotado en régimen de alquiler por un consorcio de empresas encabezado por la española Ferrovial, una constructora con amplia experiencia en autopistas.
Este sistema híbrido funciona, precisamente, de forma parecida al de las carreteras de peaje: la empresa financia por adelantado y el cliente paga a plazos. En este caso, la Generalitat pagará 487 millones de euros en 35 años. Pero antes de este paso de gigante dado por la comunidad catalana, la empresa privada ya había logrado entrar en la gestión de distintos servicios del mundo penitenciario español. De hecho, un organismo autónomo que responde al nombre Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo es el que subcontrata catering, cafetería, economato y empleo para los presos.
Al igual que en EE. UU. y Australia, donde la empresa privada comenzó gestionando centros de menores antes de dar el salto a las prisiones para adultos, en España la mayoría de estos centros está gestionado por la empresa privada desde hace cinco años. Por ejemplo, en Madrid, donde hay catorce, el 80 por ciento está en manos de fundaciones privadas. Sobre el papel no tienen ánimo de lucro, pero la realidad es que la comunidad paga por cada menor 295 euros al día y no se fiscaliza el gasto.
El estado de estos centros es lamentable, según el Defensor del Pueblo canario, Manuel Alcalde, que este verano denunció «el maltrato institucional, la falta de higiene, seguridad y calidad de estas pequeñas prisiones que no quieren ser llamadas así, pero lo son». Días antes se había producido la muerte de un adolescente y varias denuncias por malos tratos.
Con todo, la situación de las cárceles en España no es tan difícil, comparada con la de otros países. Y ello a pesar del constante crecimiento de la población reclusa. Así opina Enrique Sanz Delgado, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Alcalá y autor del único libro publicado en España sobre cárceles privadas. «El régimen penitenciario español es uno de los más garantistas del mundo. Aquí gastamos cantidades ingentes de dinero en programas de reinserción y desintoxicación, mientras que en EE. UU. lo único que importa es la exclusión y el castigo.»
Sanz destaca que la primera norma aprobada en España, después de la Constitución, fue la Ley Penitenciaria. «Su contenido parecía utópico, pero todos los gobiernos de la democracia han aportado los medios económicos necesarios para que pudiera ser una realidad. Un número importante de prisiones españolas tiene menos de veinte años, mientras que en Francia todavía funcionan algunas del siglo XIX.» El portavoz del PSOE en el Congreso para Justicia e Interior, Vitorino Mayoral, puntualiza: «Aquí es el Estado quien debe velar por la vida, la integridad y la salud de los internos. La privatización de las prisiones no tiene sentido en nuestra doctrina jurídica». Aunque podría venir inducida por las circunstancias. Actualmente, los centros españoles están saturados y sobrepasan en un 59 por ciento su capacidad. La población reclusa masculina ha crecido un 33 por ciento desde el 97, fundamentalmente por el endurecimiento de las penas, derivado de la modificación de la Ley Penitenciaria aprobada por el anterior Gobierno.
Para entender el fenómeno de la privatización, hay que pensar en términos de libertad de mercado, por tanto, de espacios a conquistar. Para la industria carcelaria privada, Europa, Asia y África constituyen áreas de creciente interés. En EE. UU., la empresa pionera de la industria correccional, que se llama la Corrections Corporation of America (CCA), nacida en 1983, con capital, entre otras compañías, de la Kentucky Fried Chicken, ha abierto una filial en Australia, donde cuenta con un mercado considerable, ya que el 17,8 por ciento de las cárceles está en manos privadas. En sólo tres años, la CCA aumentó el valor de sus acciones de 50 millones de dólares, a 3,5 millardos. Luego está la multinacional francesa del catering Sodexho, que ofrece en Francia servicios de gestión, porque la ley allí no permite el empleo de personal penitenciario privado. Sodexho trabaja en Chile y suministra alimentos a cárceles de España, Países Bajos y Portugal.
Existen, además, otros tres grandes grupos, el norteamericano Geo Group, que gestiona la base de Guantánamo y que dispone de 69 centros en EE. UU., Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia y Canadá. El danés Group 4 Securicor está presente en 108 países con su lema «Global Solutions», y ofrece todo lo necesario para el funcionamiento de las cárceles. La tercera es Serco, una empresa del Reino Unido que tiene contratos en Norteamérica, Oriente Medio y Asia y que acaba de conseguir la primera adjudicación de servicios para una cárcel en Alemania.
Hasta Francia, un país tan poco susceptible de ser acusado de neoliberal, ha dedicado un presupuesto de mil millones de euros para construir 17 prisiones semiprivadas. Es decir, diseño, construcción y gestión en manos privadas, pero dirección y vigilancia a cargo del Estado.
Los defensores de la privatización de las cárceles se apoyan en el crecimiento imparable del número de presos en todos los países, especialmente en los EE. UU., donde hay dos millones de reclusos, cifra espectacular si la comparamos con los 8 millones que hay en todo el mundo, incluida China. Sin cárceles privadas, argumentan, sólo podrían hacerse dos cosas: construir nuevas cárceles públicas, cuyo coste recaería sobre el contribuyente, o acceder a la reducción de condenas, que pondría en peligro la seguridad ciudadana. La privatización es la solución al dilema.
Aunque no todo está tan claro. Los que ponen peros a la privatización tienen también poderosas razones. Por ejemplo, el coste por interno en los EEUU varía entre 25 y 60 dólares, según la ocupación. Por lo tanto, cuanta más ocupación, más barata es la cama y más alto el beneficio. Las cárceles privadas hacen lo posible por ahorrar en farmacia, en programas de reinserción y, sobre todo, en personal de prisiones. Donde no hay vigilantes, las cámaras hacen su trabajo y algunos centros han preferido sustituir las torres de control por un sistema que electrifica los perímetros de seguridad.
Si un interno trata de escapar, con sólo un roce sentirá cinco mil voltios de electricidad en su cuerpo. Siempre será más barato que formar personal para reducirlos. Las compañías privadas contratan guardias de seguridad que cobran mucho menos que un funcionario público. En cualquier caso, los expertos advierten que es difícil hablar de cárceles privadas en general porque las condiciones de cada centro dependen del tipo de contrato que se establezca entre la empresa y la administración. Pero lo que está claro es que si tener presos es un negocio, tener muchos presos es un negocio todavía mejor. Y que hay lobbys muy poderosos que trabajan para que las leyes sean cada vez más severas.
Isabel Navarro
TorturesQuatreCamins2004 