Médicos penitenciarios denuncian prohibición de recetar los nuevos fármacos contra la hepatitis C

Los gastos sanitarios en prisión cayeron casi un 8% en el año 2014. Ante un reclamo interpuesto el año pasado las autoridades justificaron la falta de atención medica adecuada y oportuna basados en la falta de presupuesto. Organizaciones humanitarias lamentaron que los recortes del Gobierno “llegan a justificar decisiones tan indignas como éstas, que vulneran […]

Los gastos sanitarios en prisión cayeron casi un 8% en el año 2014. Ante un reclamo interpuesto el año pasado las autoridades justificaron la falta de atención medica adecuada y oportuna basados en la falta de presupuesto. Organizaciones humanitarias lamentaron que los recortes del Gobierno “llegan a justificar decisiones tan indignas como éstas, que vulneran flagrantemente los derechos humanos”. En este sentido, subraya que “hay que tener en cuenta que los gastos sanitarios y medicamentos en prisión dentro de los presupuestos de 2014 caen respecto al ejercicio anterior un 7,83 por ciento”.

Al respecto la Apdha advertía en su momento de “vulneración flagrante” de los derechos humanos de las personas presas por los recortes presupuestarios en medicamentos en los centros penitenciarios, donde se están estableciendo “cupos” para la dispensación de fármacos para enfermedades graves la hepatitis C o se niega la medicación más efectiva y única alternativa posible a los enfermos coinfectados de VIH y hepatitis C.

Por otra parte, según E.B. publicaba en el día de ayer, las críticas por la gestión de la hepatitis C siguen sucediéndose, y ahora son los médicos penitenciarios los que denuncian que les han prohibido recetar los nuevos medicamentos a los reclusos que padecen esta enfermedad. Según recoge la Cadena SER, las restricciones han llegado a las cárceles y a los facultativos sólo se les permite tratar a los afectados con los medicamentos antiguos (Interferón y Ribavirina).

Así lo ha asegurado el doctor Pablo Saiz de la Hoya, de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, a la emisora del Grupo Prisa. “No se está tratando igual a los presos que al resto de la población”, afirma este facultativo, que se queja de que los reclusos con hepatitis C no están recibiendo los tratamientos de última generación.

Según parece, el problema no es que no se les prescriba el fármaco adecuado para tratar su dolencia, sino que ese medicamento no se le administra posteriormente. El problema radica en el elevado precio de estos tratamientos, que según Saiz de la Hoya no está pagando Instituciones Penitenciarias.

A los médicos de las cárceles, asegura, se les ha prohibido recetar los nuevos medicamentos contra la hepatitis C y se les ha dado orden de remitir a todos los reclusos que los necesiten a Madrid. Explica este facultativo que los presos tienen que ser derivados a la Unidad de Custodiados del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, pero el problema es lo que las administraciones no se pone de acuerdo sobre quién debe pagar los tratamientos.

No obstante, desde Instituciones Penitenciarias niegan que se esté dando un trato discriminatorio a los presos frente al resto de afectados por la hepatitis C. El Subdirector General de Coordinación de Sanidad Penitenciaria, José Manuel Arroyo, ha indicado a la emisora que pese a la existencia de “demoras” a la hora de suministrar los nuevos fármacos, no hay discriminación de ningún tipo.

Sin embargo, sí que ha admitido que “algunas comunidades han puesto impedimentos” para dar esos medicamentos. Es el caso de Valencia, que según este responsable “sistemáticamente, además de prescribir en abundancia estos tratamientos, se ha negado a dispensarlos”, y para evitar el trato discriminatorio de esta comunidad a los presos desde Instituciones Penitenciarias “hemos tenido que actuar para asegurar con nuestros medios propios”.

Sea como sea, lo cierto es que los médicos se quejan de los impedimentos que les ha puesto la institución carcelaria a la hora de recetar los nuevos tratamientos contra la hepatitis C, todo ello pese al ‘aviso’ que ha dado la Defensora del Pueblo, que ha exigido a la administración penitenciaria que deje de lanzar el balón al tejado de las comunidades autónomas y pague los medicamentos para evitar que empeore el estado de los reclusos.

Además, insta a adoptar esta medida sin perjuicio de que Instituciones Penitenciarias inicie las acciones judiciales que considere oportunas para reclamar el pago a las comunidades.

Fuentes: APDHA, ASI, El Boletín, Cadena Ser, Agencias

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