Con la muerte del dictador Franco en la cama de un hospital, el estado español decide constituirse dentro de las formas democráticas y para ello inicia un proceso de transición. Posiblemente en este período de transición del cambio de las antiguas formas de control del fascismo hacia las más modernas de la democracia, para mantener el mismo sistema (capitalismo), es cuando se vivieron los mayores instantes de libertad, que fueron sutilmente truncados una vez se fue imponiendo la farsa democrática.
Uno de los elementos principales para la continuidad y credibilidad del sistema fue la promulgación de la Constitución en el año 78 y las posteriores reformas de leyes y sobretodo la del viejísimo código penal, que no llegaría hasta el año 95, y que, siendo conocido como el código de la democracia, irá siendo paulatinamente reformado según el sistema se sienta amenazado por los diferentes comportamientos y conductas que no aparecían aún tipificados como delitos, recortando así todas aquellas libertades que se habían ejercitado de forma espontánea y casi natural.
Este es el caso del consumo de todo tipo de sustancias cuya venta está penada, porque al propio sistema le interesa aprovecharse con la fraudulenta mistificación de lo prohibido y la consecución de idealizados «paraísos artificiales de bienestar», para así conseguir importantes ganancias económicas a través de su venta indecentemente adulterada e «ilegal» (narcotráfico y delitos contra la salud pública…), y además, para ser utilizada como instrumento demostradamente efectivo para contener a la población juvenil ante la desesperación que supone el enorme esfuerzo necesario para encontrar algún sentido a todo el vacío existencial de este sucedáneo de vida, llena sólo de apariencias, y que tan fatalmente reproduce el capitalismo. Sentido que, por otra parte, podría significar tener la suficiente autonomía como para decidir libremente sobre nuestras propias vidas y sobre cuestiones tan elementales como son las relaciones afectivas no reguladas por institución alguna, o, entre muchas otras cosas, la libre utilización e ingestión de ciertas sustancias que actualmente están tipificadas como drogas «ilegales», mientras que por otras partes nos atiborran de dudosos productos farmacológicos, con la única intención de devolvernos al «saludable» mundo de la sociedad productiva y consumidora.
Desde la reforma del Código Penal del año 95, hemos pasado por sucesivas reformas, en las que en cada ocasión se veían más recortadas nuestras limitadas libertades. En el año 2004, y a partir del primero de Octubre, entraba en vigor una nueva reforma del Código Penal, y van… unas cuantas.
Ninguna reforma del Código Penal, o aprobación y/o reforma de leyes, se llevan a cabo bajo criterios de justicia e igualdad o en beneficio del pueblo, sino para satisfacer intereses de grandes grupos del poder económico que se esconden tras la coartada impune de las multinacionales. Con todas estas reformas se persigue adaptar la sociedad a las necesidades y ambiciones de los intereses de la rentabilidad económica; y para imponer el miedo e impedir que la sociedad escape a su control, necesitan de un recorte cada vez mayor de libertades, creando patéticos espejismos de éstas para evitar el suicidio colectivo de la población, o el levantamiento y rebelión de esta.
Por eso toda reforma penal, se impone bajo el miedo y la alarma social ante sucesos provocados por los propios gestores del capital y sus secuaces de las fuerzas del desordenado orden mundial; y sólo buscan someter a la población bajo la interiorización del miedo al castigo, endureciendo las penas del castigo y tipificando como delitos comportamientos que hasta ese momento eran habituales o tolerados, pero que restaban eficacia al sistema.
Las últimas reformas del código penal, nos han dejado penas privativas de libertad más elevadas para delitos que ya estaban tipificados y una mayor duración de la pena máxima de cumplimiento, que pasa de 30 años a 40 años, lo que entra en directa contradicción con el espíritu penitenciario que reconoce la Constitución y conlleva un retroceso del sistema penal al inicio del siglo XIX, fecha en la que se empezaron a reconocer los beneficios penales para evitar que nadie se pudriera de por vida en una prisión.
Las últimas reformas están influenciadas por las corrientes penales procedentes de los sectores de poder de la derecha más reaccionaria de los EE.UU., que pretenden cambiar el estado social de provisión, por el estado penal y punitivo, creando una cultura de legislación de emergencia y de excepcionalidad penal, aprobando leyes siempre a niveles de «Tolerancia cero». De ahí, hechos siempre tan excepcionales como su utilización sensacionalista, que hacer creer que tod@ pres@, es un/a pres@ peligros@, o un psicópata asesino y violador. Aprovechándose de ese miedo tan ancestral como atávico al monstruo desconocido, y en nombre de una falsa seguridad los gobernantes aprueban nuevas leyes y reforman códigos en los que se castiga con una mayor contundencia ejemplar, la reincidencia; y eso sin abordar las causas que provocan dicha reincidencia y que casi siempre tienen su origen en la gran desigualdad social y en la ausencia de oportunidades.
Reinserción a través de la más dura «terapia» conductista del castigo, en la que se anulan por reforma las redenciones de pena por trabajo, porque el trabajo así, ya es casi más condena que la propia privación de libertad. Esto sin mencionar los rigores, abusos, malos tratos y/o torturas que en el espacio penitenciario, siempre gozan de sospechosa impunidad. Todas las reformas van orientadas a reforzar el ciclo pobreza-cárcel, el cual es una eterna constante sobretodo en personas cuyo entorno social, familiar y afectivo se haya fuerte fuertemente degradado. Si a esta realidad le añadimos la politoxicomanía, tendremos el perfil de más del 80% de los presos comunes de los años 90.
Actualmente, hay un cambio fundamental en cuanto a ese perfil, ya que un importante y desproporcionado porcentaje de personas inmigrantes ha entrado en prisión a causa de comportamientos derivados de la aplicación de la ley de extranjería; esto unido a que cada vez es menor el consumo de heroína por vía intravenosa, que era la sustancia más utilizada y recurrente entre la población penitenciaria (hoy en día, hay un mayor consumo de cocaína y pastillas de todo tipo -legales e ilegales-, así como de heroína… fumada) y la que le había llevado a prisión, está provocando un sensible cambio dentro de los diferentes grupos humanos habituales en el ámbito carcelario.
El atentado contra la propiedad privada sigue siendo el «delito» con mayor porcentaje de ingresos en prisión, sólo que en esta ocasión la causa mayor ya no es tanto la toxicomanía, sino la condición de inmigrante «ilegal», otra nueva forma de exclusión de esta sociedad del bienestar, y al cual las reformas permiten expulsar, sin garantía alguna, si son apresados; lo que reafirma ese ideal capitalista de la «Europa fortaleza».
Otro de los aspectos importantes de estas reformas, es la aplicación de prisión provisional a estimación del juez, como medida preventiva, de escarmiento, o simplemente como una arbitrariedad más, en vez de como medida excepcional. Con todas estas reformas, hechas para que cada vez más gente entre en prisión y sólo salgan los violadores y/o funcionarios del estado criminales y/o corruptos, y manteniendo a l@s pres@s hacinados y sedados a base de drogas para evitar motines, la situación dentro de prisión se hace todavía más insostenible, cuando los abusos de los carceleros, sobrepasan el umbral de la resistencia de las personas que se niegan al chantaje de entregar su dignidad por la sumisión a la disciplina o a una sustancia, y pese a todas las previsiones, la rabia explota dentro y se producen protestas, altercados o motines que luego mediáticamente, el lobby de carceleros, a través de sus representantes en las organizaciones sindicales, transformarán en una nueva y prefabricada alarma social sobre la inseguridad que se vive dentro de las prisiones y la constante amenaza de fugas de hipotéticos presos peligrosos dispuestos, al patético sensacionalismo, de «violar a nuestras hijas», a «comerse nuestro hígado» y a quedarse con «todo nuestro dinero».
Con la excusa de eso que llaman «terrorismo» y de los grandes delitos económicos, la reforma introduce también la responsabilidad civil, que por «simpatía» se hará extensible a toda persona presa; así, cuando esté a punto de conseguir algún beneficio penitenciario de permisos o salidas de los que recoge la ley, se le exigirá el pago de dicha responsabilidad civil, y si no tiene recursos económicos para afrontarla, se verá privado de nuevo de todos esos derechos y seguirá en prisión hasta que pueda satisfacerla y en caso de cumplir íntegra la condena, deberá de hacer efectiva la responsabilidad civil con lo que gane en la calle o muy probablemente convirtiendo la deuda en más días de prisión.
Con este desalentador panorama, se edifican estas enormes sociedades espectaculares, en las que cada vez más, a golpe de reforma y de ley, se limita la autonomía y la autogestión personal para que todo tenga que pasar inexorablemente por el mercado, la explotación y ser expuestos como mercancía; cada reforma y cada ley, es una flagrante y violenta agresión a las libertades en nombre de una ridícula seguridad individual mundial, con la que mantienen secuestradas nuestras vidas con la más absoluta precariedad de supervivencia e indigencia emocional, tal y como hemos visto que hacen con todos aquellos a los que consideran sus enemigos.
TorturesQuatreCamins2004 