Nueve pasajeros de un vuelo de Iberia detenidos por frustrar la deportación de un migrante senegalés

Parte del pasaje del avión que cubría la ruta Madrid-Dakar boicoteó el despegue del vuelo para evitar la deportación forzosa de un hombre que iba custodiado por dos policías.

El pasado miércoles 18 de marzo, el aeropuerto de Madrid-Barajas fue el escenario de un intento frustrado de deportación de una persona migrante. A las seis de la tarde había programado un vuelo comercial de la compañía Iberia que cubría la ruta Madrid-Dakar, capital de Senegal. Este avión, sin embargo, tenía una peculiaridad que se ha convertido habitual en los últimos años en España, ya que incluía a una persona que no había decidido viajar voluntariamente como el resto del pasaje.

El ciudadano senegalés Elhadji NF, conocido por su entorno con el apodo de Bocart, estaba custodiado por dos agentes de la Policía Nacional española en el interior del avión para ser deportado a su país de origen debido a su situación administrativa irregular. Los agentes actuaban amparados por el protocolo de deportación, que les autoriza a emplear el uso de la fuerza para actuar contra la voluntad de las personas migrantes que deben ser expulsadas. La situación de Bocart derivó en una respuesta solidaria por parte de algunos pasajeros del avión, que al darse cuenta se negaron a viajar en un vuelo donde se estaba procediendo a una deportación forzosa.

Según denuncia en un comunicado la Campaña estatal por el Cierre de los CIE “la actuación policial supuso una presunta mala praxis que habría puesto en riesgo la seguridad del pasaje”. Después de que parte del pasaje emprendido la desobediencia civil para evitar el despegue del avión, que ya se encontraba en la pista listo para partir, la policía procedió a la detención de nueve pasajeros de origen senegalés, más el propio Bocart. Según las últimas informaciones que han trascendido, las diez personas detenidas continuaban los calabozos de la comisaría de la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas, a la espera de pasar a disposición judicial acusadas de lesiones, atentado contra la autoridad y alteración de el orden público. Según ha informado esta mañana la Cadena Ser remitiéndose a fuentes policiales, el episodio habría dejado cuatro personas heridas: dos miembros del personal de cabina de la tripulación y dos agentes, uno de ellos con una fractura del tobillo.

Intento de deportación fulminante

La Campaña estatal por el Cierre de los CIE, afirma que Bocart es una persona con un fuerte vínculo social en España, territorio donde reside desde el año 2010 y donde ha iniciado una relación sentimental. Bocart estaba a la espera de una resolución que debía permitirle regularizar su situación mediante la figura del arraigo. Sin embargo, las autoridades le habían impuesto la medida cautelar de ir a firmar cada 15 días alegando que se encontraba en una situación administrativa irregular, calificada legalmente como falta administrativa. El pasado 17 de marzo, mientras cumplía con la obligación administrativa que le había sido impuesta, fue retenido por la policía con el objetivo de ejecutar su expulsión. La medida fue fulminante y, según denuncia la Campaña estatal, no se le permitió despedirse de sus amigos, recoger sus pertenencias y ni siquiera acceder a una asistencia jurídica adecuada.

Práctica sistemática

Según el último informe del año 2013 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, bajo supervisión del Defensor del Pueblo, España impulsó aquel año, en solitario o en colaboración con Frontex, 148 vuelos donde se deportaron un total de 3.111 migrantes. Actualmente, el Estado expulsa migrantes forzosamente por vía aérea de dos maneras: en vuelos comerciales con pasaje, o en vuelos especiales donde viajan las personas migrantes deportadas, policías y el personal del vuelo.

Sin embargo, hace pocos días se hacía público, gracias a una pregunta parlamentaria del grupo vasco Amaiur al Gobierno español, que entre enero de 2010 y diciembre de 2014 las autoridades españolas anularon 4701 expulsiones previstas de migrantes en avión, por razones como falta de documentación o amenaza para la seguridad del vuelo, extremo que decide el piloto de la aeronave. En la misma respuesta del Ejecutivo central, se afirmaba que en el mismo período de cuatro años se ha expulsado un total de 26.491 personas, de las cuales 9.410 fueron deportadas en vuelos internacionales, mientras el resto tenían como destino otros puntos de la geografía estatal. El informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura referente al año 2013 ya desvelaba que el mayor número de vuelos organizados aquel año habían tenido como destino Ceuta y Melilla, lugares donde eran trasladadas las migrantes para posteriormente ser deportadas a Marruecos.

Desobediencia civil para detener deportaciones

Últimamente se ha intensificado la llamada al boicot contra Air Europa, compañía que junto con Swift Air, se encarga de los vuelos especiales de deportación que ejecuta el Estado español. Estas dos compañías privadas formaron una unión temporal de empresas (UTE) que fue la adjudicataria de un contrato de licitación pública del Ministerio del Interior español por valor de 24 millones de euros para un período de dos años, contrato que expira el presente mes de marzo. Por este motivo, el ministerio está negociando actualmente un nuevo contrato con Air Europa por valor de más de once millones de euros.

Paralelamente, desde la Campaña estatal por el cierre de los CIE se está promoviendo la desobediencia civil como estrategia para detener las deportaciones a los vuelos comerciales. Mediante técnicas como informar al piloto de la aeronave, que es quien en última instancia puede negarse a despegar el avión, de la presencia de personas que están siendo deportadas de manera forzosa, o animando al pasaje no sentarse en sus plazas hasta que la policía no abandone el avión con la persona que quieren deportar, se puede evitar que se consume esta práctica.

Hace unos meses se publicó ‘Paremos los vuelos’, editado por la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE, fruto de una investigación coordinada entre activistas. En este libro se hace un análisis de los vuelos de deportación y se hace un llamamiento a las acciones de resistencia pacífica para evitarlos, a la vez que exige “el fin inmediato de estas prácticas”.

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