CIE, la construcción del laberinto

A menudo leemos en los medios de comunicación noticias sobre los llamados eufemísticamente Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). En algunas de las informaciones a las que tenemos acceso, especialmente en Internet, se pone en evidencia que se tratan de lugares donde se vulneran los derechos humanos con una impunidad vergonzosa [1].

En estas noticias principalmente la fuente de información son los colectivos y plataformas que abogan por el cierre de estas cárceles encubiertas, ya que están privando de libertad a personas por cometer una falta administrativa [2]. Según los últimos datos disponibles [3], en el año 2013 fueron encerradas 9.002 personas, de las cuales fueron expulsadas 4.726. Una aberración.

Por otra parte, en el ámbito mediático encontramos un gran número de noticias, especialmente las servidas en el menú televisivo, que tienen como fuente de información al propio Estado. Obviamente, las muertes de personas en estas cárceles ignotas han alimentado las ansias de tragedia de las cadenas. Sin embargo, no se ha profundizado en absoluto en qué son los CIE ni lo que significan [4]. Así, se han dado por hecho. Sin más. Prima en estas noticias, de boca del Estado, el concepto de control y seguridad para tranquilizar a los “ciudadanos”, después de mostrar imágenes sobre las “avalanchas” de inmigrantes en la “valla”. Manipulación. Y entre acto y acto, las organizaciones “sin ánimo de lucro” del sistema enarbolan la bandera del trato humanitario para los “nadie”, en una actitud paternalista y benevolente, para quizá no cerrarse las puertas y poder colarse en la gestión de servicios. En el reparto del pastel.

En definitiva, encontramos a quienes defienden la existencia de los CIE, a los que presionan para la “mejora” de las condiciones de los/as internos/as y, las menos de las veces, a los que luchan para que no existan. Entre tanto, ¿qué se hace desde el Estado para reforzar estas cárceles? Pues disfrazar de legalidad la barbarie. Después de las muertes de Samba, Idrissa, Aramis… el Gobierno lanza un Reglamento [5] que pretende acabar con los quebraderos de cabeza que les han traído los CIE y las denuncias de la vulneración de derechos a lo grande, de las vejaciones, malos tratos e incluso asesinatos intramuros [6].

¿Qué significa que exista el Reglamento? Básicamente consolida el modelo y no supone ninguna mejora en la garantía de los derechos humanos [7]. Pero lo que es más importante… abre la puerta a la privatización. Ahí querían llegar… Hasta ahora estos centros estaban gestionados en su totalidad por la Dirección General de la Policía Nacional. En marzo de 2014, con dicho Reglamento se mantiene el carácter policial de los centros y se generaliza el uso por parte de los policías de las armas de fuego, a pesar de que se supone que estas instalaciones no tienen carácter penitenciario. Se permite eso sí, la presencia de servicios de enfermería y personal para la asistencia sanitaria (después de las muertes por falta de asistencia, crímenes, que han ocurrido entre sus muros). Es decir, bajo gestión pública.

Así, con el Reglamento se abre las puertas a la privatización a través de la contratación de empresas y entidades “sin ánimo de lucro” para la prestación de servicios sociosanitarios. Además de las ventajas económicas que puede suponer la privatización, se apuntala una estrategia por parte del Estado de evadir su responsabilidad respecto a las vulneraciones de derechos humanos que en su interior se perpetran, como ha sucedido anteriormente con el caso de las cárceles de menores. Se va construyendo el laberinto.
Ante esta privatización podremos encontrarnos dos posturas del llamado Tercer Sector: las entidades que ven cómo se abre su mercado potencial y sus fuentes de financiación en una época complicada, frente a los colectivos y plataformas que siguen en pie de guerra por el cierre de los CIE. Estas últimas insisten en que “las subcontratas no han prevenido las muertes ni el sufrimiento humano que supone la exclusión, persecución, reclusión y deportación de seres humanos”, así como denuncian que “ninguna organización social que de verdad defienda los Derechos Humanos entrará a negociar la gestión de estos campos en los que se producen violaciones de derechos diarias” [8].

Ya está servido el debate sobre si es el Estado quien debe gestionarlo (servicio público) o abrirlo a la gestión privada (privatización). Se sigue construyendo el laberinto en el que perdernos. Pero, ¿qué significa esto? Cuando un “servicio público” sale a concurso se establece un presupuesto base de licitación, a partir de ese presupuesto se pide a las entidades/empresas que oferten el precio más bajo. Esto supone que lo que costaba al Estado mantener el centro, ahora lo hacen otros bajando los sueldos del personal y los gastos en alimentación, entre otras partidas. Gana el mejor postor. Lo haces más barato, más puntos obtienes en el concurso.

Por ejemplo, en 2014 salió a concurso la gestión de la asistencia sanitaria en los CIE (Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia, Algeciras, Las Palmas, Tenerife, Fuerteventura y Tarifa) con un presupuesto de 735.500 € al año (1.471.000 € para todo el periodo del contrato de 2 años). La empresa a la que se adjudica el contrato finalmente es el holding Clínica Madrid S.A por 419.935 €. Un 43% más barato. Menudo ahorro [9]. Así, no se cubren todas las horas y por tanto no se garantiza la asistencia sanitaria, y esto amparados en el texto ambiguo y criminal del Reglamento, “garantizar una asistencia sanitaria adecuada”. Pero todo es legal.

Sin embargo, ya veníamos de otros casos flagrantes de adjudicaciones por procedimiento negociado sin publicidad (es decir a dedo) para la construcción de los CIE. En septiembre de 2011, el Ministerio del Interior adjudica de esta manera el proyecto de acondicionamiento del CIE de Algeciras por 157.341,18 € a la empresa Andobras. Esta empresa ofreció hacer las obras por 78.658,78 € menos de lo que la administración había previsto que costaban [10]. En 2014, nos encontramos con titulares en prensa que denuncian el veto a la entrada de la prensa y de las organizaciones pro-cierre en las instalaciones de este CIE “para esconder sus vergüenzas” [11], después de las denuncias por la precariedad de las instalaciones y de las vejaciones que se perpetran [12].
Muchos defienden la gestión pública (con funcionarios del Estado), otros el abrir a la gestión privada para que las ONG pro-sistema puedan entrar y mejorar las condiciones… Hipocresía. Ante las denuncias, sólo hay más papel. Ya no sólo se encierra a personas, se las entierra en papeleo. Informes, más papel, saturación, expulsiones, normalización y olvido. Y al final, todo es legal. Menudo simulacro. Ni público, ni privado.

Mientras tanto, asistimos a la multiplicación de los lugares de encierro para extranjeros en toda la Unión Europea dentro del marco de su plan de lucha contra la inmigración. La Europa fortaleza. Los sistemas de encierro son variables en función de los países, pero se avanza hacia la generalización del encierro de personas que sólo cometieron infracciones relativas a la entrada y a la estancia, a quienes saltaron fronteras. Encierros institucionalizados y legitimados con la adopción el 18 de junio de 2008 por el Parlamento Europeo de la Directiva “retorno” que valida las prácticas de detención de los extranjeros con duraciones desmesuradas (hasta 18 meses). Los CIE empiezan en las fronteras de la Europa fortaleza y la Directiva de la Vergüenza, las redadas racistas en las calles.

El Reglamento es un paso más en la legitimación y consolidación de la vergüenza. Vestir de legalidad lo que no debería existir. De nada sirve que el Tribunal Supremo haya anulado ya cuatro artículos del reglamento por contradecir el derecho europeo, la Ley de Extranjería y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Esa no es tampoco la vía. No nos perdamos por el laberinto rizoma. La única opción es su cierre. Ninguna persona ilegal, ninguna persona legal.

Carmen Iniesta

Referencias:
[1] http://periodismohumano.com/temas/cie , http://www.eldiario.es/temas/cie/?page=2
[2] http://cerremosloscies.files.wordpress.com/2013/06/informe_cie-apdhe.pdf
[3] Informe 2014 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
[4] Ver http://tanquemelscies.blogspot.com.es/
[5] El viernes 14 de marzo de 2014 se aprueba en Consejo de Ministros el Real Decreto 162/2014 por el que se aprueba el Reglamento de funcionamiento y régimen interior de los CIE.
[6] https://dl.dropboxusercontent.com/u/15631011/informeciesWEB.pdf
[7] http://issuu.com/tanquemelscie/docs/dossier_reglament_cie
[8] http://www.publico.es/actualidad/508482/ong-denuncian-que-el-reglamento-
[9] http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/18/pdfs/BOE-B-2014-32282.pdf
[10] http://www.europasur.es/article/algeciras/1063409/ministerio/interior/ga
[11] http://www.eldiario.es/andalucia/CIE-Algeciras-Tarifa-visita_0_324417951
[12] https://www.youtube.com/watch?v=leMzgLgOR5g
Mira también:
http://www.instintosocial.org/

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