El Estado español privatiza la seguridad exterior de las cárceles pese a sus constantes desmentidas.
Invertirá más de 33 millones de euros para privatizar los servicios de seguridad exterior en los centros penitenciarios durante 2014 y 2015, informaron hoy las autoridades. En respuesta a una pregunta de Izquierda Unida (IU) presentada en el Congreso de los Diputados, el gobierno explicó que se trata de la segunda fase de un plan iniciado en 2013 para la incorporación de vigilantes privados en algunos centros penitenciarios.
El Consejo de Ministros autorizó el pasado 30 de mayo al Ministerio del Interior la contratación del servicio de apoyo a la seguridad en 67 centros penitenciarios dependientes de esa institución con un costo de 33,3 millones de euros.
El diputado de IU y portavoz en la comisión de Interior, Ricardo Sixto, quien presentó la pregunta, precisó que el proyecto piloto realizado en 21 prisiones costó ya 7,3 millones de euros en su primera fase.
Sixto precisó que ni en 2012 ni en 2013 fueron convocadas plazas de empleo público para el cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias.
Según el gobierno, el plan busca la optimización de los recursos asignados a la seguridad de las instalaciones públicas y a la conveniencia de concentrar los funcionarios policiales en plazas que requieren mayor calificación y especialización.
Una nota de prensa de IU agrega que la respuesta deja sin explicar qué ahorro supone la contratación de seguridad privada para el perímetro exterior de esos centros.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=2985661&Itemid=1
El Gobierno niega que vaya a privatizar el control del perímetro de las cárceles y sólo contratará vigilantes de apoyo
El Gobierno niega que tenga previsto «privatizar actividad alguna de seguridad pública» y asegura que lo único que va a hacer es contratar a vigilantes de seguridad privada para realizar tareas «auxiliares» o «de apoyo», en concreto para vigilar el perímetro de los centros penitenciarios.
Así lo recalca el Ministerio del Interior en la respuesta que ha enviado al diputado del PSOE Carles Corcuera, quien se interesó por cuando iba el Gobierno «extender a todos los centros penitenciarios la contratación de seguridad privada para la vigilancia perimetral de esas instalaciones, para qué eventos va a obligar «a contratar seguridad privada» y, en concreto, «qué actividades de seguridad pública piensa privatizar».
En su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo subraya que no entra en sus planes la privatización de ninguna actividad de seguridad pública. Además, recuerda a Corcuera que la nueva Ley de Seguridad Privada prevé que se determinarán reglamentariamente los eventos «en los que resulte obligado adoptar medidas de seguridad, así como el tipo y características de las mismas para cada caso concreto».
Respecto a la contratación de vigilantes privados para la que el Consejo de Ministros autorizó el pasado mes de mayo una inversión de 33 millones de euros, el Ejecutivo incide en que estas personas sólo realizarán «tareas auxiliares o de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», que, según recalca, «son y seguirán siendo responsables de garantizar la seguridad y protección de los centros penitenciarios».
800 CONTRATOS
En concreto, a finales de mayo, el Gobierno autorizó a la Secretaría de Estado de Seguridad la contratación de vigilantes privados para que presten apoyo a la Policía y la Guardia Civil en la seguridad en los 67 centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior. El coste del contrato asciende a 33,387 millones de euros hasta 2015 e implica 202 puestos de trabajo (181 de veinticuatro horas y 22 de doce horas), lo que supone más de 800 personas empleadas.
En el año 2013 se inició un proyecto piloto consistente en la contratación de servicios de apoyo a la seguridad en los centros penitenciarios, que se desarrolló en 21 cárceles. Tras ese proyecto, el Gobierno decidió adecuar «ese modelo de seguridad a las necesidades existentes» que pasan, según admite, por «compensar la falta de personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado debido a la disminución de la Oferta Pública de Empleo.
También se busca, según explica el Gobierno, optimizar los recursos disponibles y un uso eficiente de los fondos públicos al establecer un reparto de funciones según la competencia, preparación y cualidades del personal, obteniendo un alto grado de seguridad con los medios disponibles».
CONTRATO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD
Asimismo, el plan de Interior es «destinar el mayor número posible de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a la realización de funciones exclusivas de ellos, como la custodia de presos y penados fuera de los recintos en hospitales o sedes judiciales, o el traslado de internos».
Por todo ello, se ha preparado un expediente de contratación que cubra los 67 centros penitenciarios y los vigilantes de seguridad pasarán a ejercer parte de las tareas ahora desempeñadas por la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, si bien siempre bajo la supervisión y el control de los mismos como responsables de la seguridad de cada centro.
El contrato conlleva la adopción de especiales cautelas orientadas a preservar al máximo cualquier información relacionada con los servicios de seguridad a prestar, así como con los movimientos de salida y entrada de reclusos. Por ello, la tramitación del expediente se hará mediante procedimiento negociado sin publicidad, dado que concurren circunstancias excepcionales que exigen la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado.
TorturesQuatreCamins2004 