Centros de internamiento de extranjeros: ¿el delito? ser inmigrante

La implicación ciudadana ha provocado que los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) hayan dejado de ser una realidad oculta para estar en el punto de mira.
Hay quien dice que los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) son como cárceles de inmigrantes, pero lo cierto es que sus condiciones son mucho peores y han sido denunciadas reiteradamente. Quizás, por ese motivo se ha popularizado la expresión, que parece más acertada, de “guantánamos españoles” debido a que comparten con el enclave estadounidense la invisibilidad, la ambigüedad jurídica y la violación de todo tipo de derechos.
“Es un espacio donde se retiene a las personas por no tener un permiso de residencia o de trabajo. Están encerrados como medida cautelar, no como delito. Yo siempre he dicho que son como centros logísticos donde se almacenan naranjas, pero con la diferencia de que son personas y no naranjas. En un cárcel hay trabajadores sociales, psicólogos, se hacen talleres…, pero los CIE son almacenes de personas”. Quien habla es Xavier Torregrosa, miembro de la plataforma CIEs No que desde finales de 2009 lleva funcionando en Valencia. Dicho colectivo se constituyó con la finalidad de conseguir el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros después de conocer a través del informe CEAR de 2009 lo que pasaba en su interior. El documento contiene información sobre los centros de Aluche en Madrid, Zapadores en Valencia y el ya extinto Capuchinos en Málaga y, entre otros datos, revelaba la prohibición del acceso a organizaciones, problemas de hacinamiento y con las instalaciones, falta de videovigilancia, la existencia de celdas de aislamiento y, lo más importante, abusos graves tipificados como torturas.
Pero no es el único. Son muchos los informes y las organizaciones que desde hace años se cuestionan y denuncian las condiciones bajo las que viven las personas que son privadas de libertad por el hecho de no tener papeles, es decir, se trata como un delito penal una simple falta administrativa. Ya en el año 2006 un informe encargado por el Parlamento Europeo evidenciaba las severas condiciones en las que viven los internos en el Estado español, uno de los más duros, donde se han denunciado torturas, abusos y han fallecido personas por falta de atención médica. Hace un año se conocieron los casos de Samba Martine e Idrisa Diallo. Samba Martine murió en el centro de Aluche el 19 de diciembre de una infección por no recibir asistencia médica necesaria, a pesar de que acudió en diversas ocasiones al servicio médico. Su caso sirvió de inspiración para la obra de teatro dirigida por Juan Diego Botto, Un trozo invisible de este mundo. Unos días más tarde, el 6 de enero, Idrisa Diallo fallecía en el CIE de Zona Franca, Barcelona, por una parada cardíaca y sus causas aún no han sido aclaradas, aunque sus compañeros afirmaban que había pedido asistencia sanitaria, hecho que niega la policía.

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Sería ingenuo pensar que Europa es ajena a esta realidad, cuando es quien la alimenta y la fomenta. Un total de 280 centros de retención están repartidos por todo el territorio de la Unión Europea, de los cuales ocho se ubican en el Estado español. “Siempre decimos que los CIE no son como setas que crecen en ciudades como Valencia o Madrid, sino que responden a una política contra las personas migrantes en Europa, no solo en el Estado español, que también. Responde a aquella Europa del bienestar donde nadie puede moverse de sus fronteras”, señala Torregrosa.
En 2008 la Unión Europea aprobó la directiva del retorno 2008/115/CE, lo que se conocería coloquialmente como “la directiva de la vergüenza”. Según fuentes oficiales buscaba la consecución de una política común de inmigración para los 27, aunque luego se comprobaría que la dureza del tratamiento a las personas migrantes sería su principal punto compartido. En ella se establece que una vez que se dicta la orden de expulsión se “concede” a la persona un periodo que oscila entre 7 y 30 días para abandonar voluntariamente el estado. Si por el contrario no lo hacen, pueden estar encerradas hasta 18 meses en centros de retención, además de poder repatriar a menores de edad sin su familia. Aunque hay estados como el francés o el español donde el periodo de estancia es menor, hay otros donde no se establece un máximo de días o, como en el caso Alemania, se aplica el periodo de 18 meses. Cuando una persona es expulsada no puede volver a la Unión Europea durante un periodo de cinco años.

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La legislación
A pesar de que es ahora cuando existe una mayor sensibilidad social, los CIE superan las dos décadas de vida. Fueron creados bajo la primera Ley de Extranjería1 que data de 1985. En el apartado sexto, dedicado a infracciones y sanciones, el artículo 26.2 -que fue recurrido ante por considerarse inconstitucional, aunque sin éxito- recogía la “posibilidad de acordar judicialmente, con carácter preventivo o cautelar, el ingreso en centros que no tengan carácter penitenciario de extranjeros incursos en determinadas causas de expulsión mientras se sustancia el expediente”. Quince años más tarde la Ley Orgánica sobre Derechos y Deberes de los extranjeros en España y su integración social establecía que “el instructor podrá solicitar al Juez de Instrucción competente que disponga el ingreso del extranjero en un centro de internamiento en tanto se realiza la tramitación del expediente sancionador”.
No tener documentación en regla no es un delito, motivo por el que los CIE no se acogen al régimen general penitenciario y dependen de la Dirección General de la Policía lo que provoca que todos los aspectos de los centros sean llevados por agentes. Aunque las leyes orgánicas ponían las bases para la creación de estos centros, no existía ningún documento que regulase su funcionamiento interno. No será hasta 1999 cuando una Orden Ministerial2 regule “la precaria situación” -como se puede leer en el propio documento- que hasta ese momento vivían los CIE. Esta orden ha sido muy criticada por no ser suficientemente específica y por no regular aspectos importantes, dejándolos a juicio de los directores y funcionarios de policía, como por ejemplo la normativa de infracciones y sanciones. En la actualidad el periodo de privación de libertad tiene un máximo de 60 días, ampliado por la Ley Orgánica 2/2009. Como aclara Xavier Torregrosa “son espacios opacos donde no hay asistencia social ni jurídica, solo abogados de oficio. La policía hace lo que quiere dentro y no están regulados por reglamento, sino que se basa en una orden ministerial de medio folio que dice lo que son y ya está. Es una salvaje vulneración de los derechos”.
Los juzgados de instrucción localizados en el lugar de la detención son los encargados de autorizar o no el internamiento de la persona. Una vez internada, el control del cumplimiento de sus derechos pasa a manos de los juzgados de control de instancia. Aunque la ley establece que en cada lugar donde hay un CIE debe haber un juzgado, no se cumplía hasta principios de 2012.

Manejar el miedo
¿Pero cuál es el verdadero objetivo de estos centros? Según la legislación los CIE son creados para retener a los ciudadanos extranjeros a la espera de la deportación. En cambio, Torregrosa tiene una opinión diferente. “No se expulsa ni al 50% de las personas encerradas. Está claro que lo que buscan es amedrentar y asustar para que las personas migrantes se vayan. No se expulsa a la mayoría y están siendo encerrados de forma preventiva para que no se escapen”. De hecho en el año 2011 de las 13.481 personas encerradas tan solo 6.825 personas, un 48%, fueron expulsadas según la memoria de la Fiscalía General del Estado de 2012 (capítulo III, punto 7.4).
La gestión del miedo a través de las fronteras se mezcla con la trampa de la libre circulación de las personas, tan nombrada en todas las declaraciones de derechos, la cual se supedita a la situación económica del estado, quien decide cuando necesita importar mano de obra barata, caso en que se favorece la inmigración y cuando le sobra, es el momento en que actúan las políticas de retorno.

De CIE a CECE
Las exigencia por parte de los movimientos sociales de cerrar los centros en unos casos o de regular el funcionamiento de los mismos en otros ha sido respondida por parte del gobierno con un anteproyecto de ley que vio la luz en junio de 2012. Fue presentado como la solución para cubrir el vacío legal existente en los centros, pero CIEs No extrae que la “única solución es cerrarlos”.
Una de las principales novedades es el cambio de nombre a Centros de Estancia Controlada para Extranjeros (CECE), un eufemismo que pretende disfrazar lo que ocurre en el interior de los centros: la retención de personas por no tener papeles o por no estar en regla.
En el anteproyecto se delimitan las funciones de la policía -que recibirá formación específica en inmigración- únicamente a aquellas que tienen relación con la seguridad, dejando la gestión de los centros en manos de la figura del administrador, de nueva creación. Mientras, las labores asistenciales y de ocio serán ofrecidas por ONG, quitando la responsabilidad al estado de ser garante de los derechos de las personas retenidas.
Movilización ciudadana
La lucha de los CIE está en auge. Cada vez más personas son conscientes de esta realidad que ha sido escondida a la opinión pública durante muchos años y los movimientos por el cierre de estos centros están creciendo de manera positiva. Hace unos días se ha celebrado con gran éxito en Barcelona el segundo encuentro estatal CIEs No, donde se han enmarcado las jornadas de formación, reflexión y acción en torno a los centros de internamiento de extranjeros.
La campaña CIEs No, que ha atendido a Revista Exarchia, trabaja en Valencia a través de tres comisiones: jurídica, de acompañamiento y de visibilidad. La primera es la que da luz a la campaña y se encarga del entramado jurídico y de las denuncias pertinentes. Por otra parte, en la campaña de acompañamiento, como narra Xavier Torregrosa, “los compañeros y compañeras acompañan a las personas en su periplo. Desde que son detenidos, van a visitarlos y se encargan de observar y comprobar que no hay nada malo. Hay gente sola y nos ocupamos de acompañarla a todos los niveles”. Finalmente, una vez al mes organizan una concentración a las puertas del centro de Zapadores (Valencia) para denunciar su cierre.
Pero no es la única campaña, ya que en Barcelona Tanquem els Cies funciona con el mismo objetivo y el año pasado en Málaga el movimiento ciudadano consiguió el cierre del centro de Capuchinos, en pésimas condiciones y que acogió durante 22 años miles de historias cargadas de sufrimiento que se unen a las vividas por todas aquellas personas que están siendo encerradas por el hecho de ser migrantes. Sin duda, un increíble éxito de la labor ciudadana que día a día lucha por que los CIE sean anécdotas del pasado.

Esther Martín

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