¡Por la amnistía social! ¡presos/as a la calle!

Supresión de todas las causas abiertas en los juzgados derivadas de acciones de protesta contra las políticas de recortes. Anulación de todos los procesos y expedientes sancionadores derivados de la intervención gubernativa en contra de manifestaciones en defensa de derechos democráticos reconocidos. Desaparición de toda ficha policial o antecedentes penales archivados que se deriven de las justas protestas sociales llevadas a cabo como consecuencia de la crisis económica. Éstos son sólo tres de la media docena de objetivos planteados por la propuesta de instaurar una amnistía social, una medida que también propone la derogación inmediata de la Ley Mordaza.

La propuesta, que en este momento está dándose a conocer en el estado español, se presentó este miércoles por la tarde en Valladolid durante un coloquio celebrado en La Casa de las Palabras en el que participaron Manuel S. Bayona (Baladre), Alicia Alonso (Sodepaz) y Gonzalo Tejerina (Oteando). Alicia comenzó ofreciendo un recorrido histórico por los sistemas de privación de libertad que partió del siglo XVI, momento en el que apareció el modelo de cárcel que conocemos en la actualidad. Desde ahí avanzó hasta el presente. “Con el paso del estado social al penal, que se inició con Reagan y se consolidó con Bush, se generó una masa de personas empobrecidas sin acceso a empleo y ayudas sociales”, comentó Alicia.

Fue en ese momento, tal y como describió, cuando las cárceles cumplieron una función de “depósito” de toda aquella gente que “no entraba en el sistema”. “Las prisiones acabaron convirtiéndose en un negocio boyante que ha venido acompañado del aumento del número de presos. En EE.UU., por ejemplo, en 15 años se ha pasado de 250.000 presos a 2 millones y medio”, continuó Alicia. Esta abogada vallisoletana también aludió al concepto de “derecho penal del enemigo”, un término creado en 1985 por parte de un jurista alemán que incluía la condena de actitudes y comportamientos, sin necesidad de que éstos tuvieran asociada la lesión de un bien jurídico.

A continuación tomó el turno de palabra Manuel S. Bayona, quien contextualizó la defensa de esta amnistía social. “Su origen está en los espacios periféricos, en los barrios en situaciones de no vida, en la criminalización del empobrecimiento”, comentó desde La Casa de las Palabras, al tiempo que advertía de la creación durante las últimas décadas de un “marco jurídico represivo” orientado tanto a los que “desobedecen” como a los que “sobran”.

La aparición del 15M, propuestas como la de la renta básica de iguales e iniciativas legislativas populares como la que tuvo lugar en Extremadura ofrecieron, en palabras de Manuel, un termómetro que permitió situar este tema entre los debates que importan. “Teníamos la sensación de que debíamos hacer algo más, pero no sabíamos cómo”, reconoció este miércoles.

Este contexto es el que acompañó a la elaboración del texto con el que justifican la necesidad de que se apruebe una amnistía social. Este documento pone en el punto de mira a las personas que “han padecido sanciones cuando, en defensa de sus derechos básicos (sanidad, educación, vivienda, libertad de expresión, concentración, huelga, manifestación, dignidad humana, etc.), y forzadas por unas circunstancias de las que son víctimas, han sufrido en sus carnes la rigurosidad de las leyes vigentes y la desproporcionada actuación de los cuerpos de seguridad del Estado”.

Este documento define a la amnistía social como “el reclamo justo para unas luchas justas que jamás debieron ser castigadas ni sancionadas” y como “un elemento unificador de las distintas respuestas antirepresivas frente a la disgregación y segmentación que pretende el Estado”. En él también se hace un “llamamiento para que todas las personas implicadas en su trabajo con la justicia (abogados y juristas) se pongan manos a la obra para dar forma de ley a esta petición”. Según indican, “la elaboración de una ley de amnistía social tiene que ser participativa”, lo cual implica tener en cuenta las opiniones de todos los agentes afectados: personas represaliadas, asambleas antirepresivas, asociaciones y juristas…

“La amnistía va dirigida a todos los que han sufrido una represión y criminalización. Nuestro objetivo es generar procesos que nos lleven a retomar las relaciones desde abajo entre grupos y personas. Implica apoyo mutuo y un trabajo en los cuidados y en los afectos. Debemos modificar el marco jurídico y pensar en un proceso que nos lleve hacia otra sociedad”, comentó este miércoles Manuel. Por el momento, según indicó, se ha realizado una asamblea estatal sobre este tema que tuvo lugar el pasado mes de octubre en Murcia. La próxima se realizará el 14 de noviembre a las 11 horas de la mañana en la sede de Madrid de CGT (c/ Alenza, 13).

El coloquio sobre amnistía social, que fue organizado por Baladre y Sodepaz, finalizó con la intervención de Gonzalo Tejerina (Oteando). Gonzalo comenzó recomendando la lectura de los artículos escritos por tres juristas: José Alberto Blanco, Eduardo Cuadrado y Andrés García Berrio, todos ellos integrantes de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura. A continuación describió un contexto represivo marcado por situaciones en las que la defensa de derechos laborales, sanitarios o encaminados a la obtención de una vivienda digna se acaban criminalizando. Gonzalo finalizó haciendo un reconocimiento al apoyo mutuo generado en situaciones como las protestas de Gamonal o la huelga general del 14 de noviembre de 2012.

Propuesta de amnistía social.