El motín, como forma de legítima defensa.

Este mes de Enero, el Sindic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán), Rafael Ribó, ha hecho entrega a la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, su informe anual como “autoridad catalana para la prevención de la tortura” (1). La consellera, incluso antes de leer el informe, se justificó diciendo que las cárceles catalanas son de las más auditadas de Europa.

En dicho informe Ribó dice que a través de entrevistas a 19 presos, ha detectado la comisión de presuntos malos tratos físicos y psicológicos por parte de los carceleros, en la prisión de Brians 2. Además denuncia el registro indiscriminado de celdas sin estar presentes los presos, así como el desconocimiento por parte de los carceleros y del equipo directivo de la prisión, de las quejas del maltrato en Brians 2, aunque sí reconocen que se producen en otras cárceles. Pese a ese desconocimiento, los gestores de la prisión sí que admiten que actualmente dos carceleros tienen expediente abierto por uso desproporcionado de la fuerza.

Se podría decir que casi nadie que haya estado en Brians 2, niega la existencia de celdas especiales con grilletes en el somier, para mantener atados completamente desnudos a los presos hasta varios días, haciéndose sus necesidades encima. Sobre el somier se acostumbra a poner un cobertor de un material parecido al hule, que hace que la humedad de los excrementos se mantenga siempre en contacto con el cuerpo de la persona inmovilizada. A esta práctica bastante habitual, le llaman inmovilización o contención mecánica, y no es exclusiva de las prisiones, pues forma parte de protocolos de servicios de psiquiatría e incluso de residencias asilares de ancianos y ancianas. En la prisión es una manera más de humillar a la persona, haciéndole sentir que no es más que sus excrementos.

El informe del Sindic, sin embargo, ni es valiente ni se acerca a la raíz del problema penitenciario, pues ni tan siquiera se atreve a llamar a las cosas por su nombre y hablar de torturas, ni a señalar a las prisiones como parte fundamental en el conflicto social-político y económico que este sistema mantiene como principal intimidación en la lucha de clases, contra la población. Como se suele decir, “el rico nunca entra, el pobre nunca sale”.

Por causas extrictamente políticas, en el estado español, y por ende en Catalunya, no se reconocen las torturas, entendiendo la tortura como todo aquel maltrato físico o psicológico, vejatorio, degradante y/o humillante que ejercen los funcionarios del estado contra cualquier persona.

Puñetazos, patadas, bofetadas, insultos, amenazas, humillaciones, etc…, son recursos de este sistema de dominación y control que es la cárcel. Toda aplicación de maltrato continuado para socavar la voluntad de la persona, deviene en tortura. No estamos hablando de un hecho puntual, sino de una práctica de violencia física o psicológica, habitual e institucionalizada, y que goza de impunidad que le confiere la institución que los instruye y lo permite.

Pero esta impunidad no se consigue sin la complicidad de otras instituciones. Se necesitan médicos que callen y maquillen los golpes. Se necesitan jueces o médicos forenses, que falseen o hagan informes intencionadamente incompletos. Se necesita de la complicidad de toda una serie de profesionales de la prisión, que van desde lxs educadorxs, lxs penalistas, a lxs psicólogxs, lxs médicos, los voluntarixs que son testigos o los propios carceleros que colaboran con su silencio. La tortura existe porque hay toda una sociedad civil y carcelaria que participa activamente de ella (2), y otra sociedad que pasivamente calla o mira hacia otro lado, prefiriendo ignorar lo que les explican que sucede dentro de esas instituciones de gestión del tiempo, el sufrimiento y de privación de libertad.

La tortura no es un hecho aislado, no son un grupo de funcionarios que se les va la mano. La tortura es una tecnología de Estado con finalidades muy concretas, a la que se le puede seguir el rastro a través del tiempo.

Este próximo mes de Mayo, se va a producir un hecho ináudito. Por primera vez se van a sentar en el banquillo de los acusados un grupo de 13 carceleros que van a ser juzgados por TORTURAS. Entre ellos, hay hasta un subdirector médico. Se trata de los carceleros denunciados por las torturas que llevaron a cabo tras el motín de Quatre Camins del 2004, en el que resultó gravemente herido un subdirector de régimen, Manuel Tallón, a raíz de provocar un enfrentamiento con los presos en el patio y después de que un preso fuese apalizado, por unos carceleros, delante de sus compañeros y llevado a aislamiento.

La situación es bastante simple y habitual. Al igual que sucediera en el año 2002, también en Quatre Camins, un grupo de presos se rebelaron por la insostenible situación en la prisión, en la que se habían producido varias muertes seguidas de presos, a causa de sus enfermedades. En ese año 2002, convocaron una huelga de brazos caídos en la prisión para dar a conocer su situación y sus reivindicaciones. Mientras algunos presos “negociaban” con la prisión, y otros se subían a los tejados de la cárcel para hacer visible su lucha, los jefes de la prisión utilizaron como excusa el desencadenamiento de un “motín”, para así justificar la entrada de grupos de carceleros que habían venido desde otros lugares y prisiones, perfectamente preparados con el equipo, para hacer un asalto a la prisión. Y así, lo que era una huelga de brazos caídos en la que participaban más de centenar y medio de presos, contra los abusos y en demanda de reconocimiento de sus derechos, la convirtieron en un motín por causas económicas: “los presos querían cobrar por limpiar sus celdas”. No faltó en la versión que los presos estuvieran incitados por “grupos radicales” del exterior y aludir a la nueva penalidad de la reforma del Código Penal (3).

Por lo general, casi todos los motines tienen sus causas en el malestar por los abusos y la vulneración de derechos. Y el sistema penitenciario y político, a través de los medios de comunicación, desvirtúan estas luchas transformándolas en respuestas violentas y caprichosas.

En el motín del 2004 (4), la situación no solo no había cambiado con respecto al 2002, sino que había empeorado. Las humillaciones y tratos vejatorios, no sólo se ejercían contra los presos, sino también contra los familiares que venían a verlos. La excusa para este maltrato organizado, era evitar que entrasen, los familiares, droga a la prisión. La gota que colmó el vaso, fue una demostración más de la prepotencia carcelaria que, en sus métodos de humillación y maltrato, no entiende de límites. Y así, aquella tarde del 30 de Abril, mientras los presos estaban en el patio, la tensión reventó después de ver como un grupo de carceleros sacaban a golpes y arrastras de la lavandería al patio, a un compañero preso que fue llevado a aislamiento. Los presos en el patio, con rabia y tensos por las continuadas situaciones de abuso, reclamaron que sacaran de aislamiento al compañero apalizado, lo que provocó que un grupo de carceleros, pertrechados con equipos antidisturbios, al mando del subdirector de régimen, salieran amenazantes y con la intención de llevarse a aislamiento a quien protestara. En la discusión, los carceleros empezaron a golpear a los presos, que lejos de dispersarse, se defendieron de la agresión, consiguiendo poner en fuga a todos los carceleros, menos a uno que lo retuvieron. En esos momentos, el subdirector de régimen se encontraba en el suelo gravemente herido, con un objeto clavado en el cuello.

A partir de ahí se inició una negociación, en la que se reclamaba la presencia de la consellera Montserrat Tura como mediadora del conflicto. Un preso pudo llamar por una cabina telefónica que los carceleros activaron desde el búnquer que les protegía, y consiguió sacar al aire la situación y alguna de sus reivindicaciones.

Posteriormente la versión oficial que se dio de los hechos (5), no tenía nada que ver con lo sucedido. Según la administración penitenciaria, su versión fue más o menos así: Un grupo de presos se amotinó, después de que los carceleros interceptaran a uno que, tras un vis a vis, entraba droga en prisión. El “jefe” de la banda de traficantes de la prisión, se enfrentó a los carceleros para intentar recuperar la droga.

Una vez concluyeron las negociaciones y los presos se fueron a sus celdas, la orgía de violencia se desató en el interior de la prisión, y los presos a los que consideraron responsables del motín, fueron sometidos a todo tipo de maltrato, vejación y tortura y acto seguido, dispersados y trasladados a otros centros penitenciarios (6). Los presos denunciaron la violencia de los carceleros, pero al encontrarse en sus manos, algunos acabaron retirando la denuncia. Sin embargo, un grupo se mantuvo firme y al final consiguieron que sus denuncias prosperasen y saliesen a la luz pública estos brutales hechos.

Apenas una semana después, Martínez Cadarso, un conocido personaje con extensa experiencia en las prisiones catalanas, y que era en ese momento director de la cárcel de Tarragona, reconoció, sin identificarse, que la droga en la prisión la entran unos cuantos carceleros que son los de siempre.

El juicio contra los presos (7), ya se llevó a cabo en el 2008, y todos los acusados, menos tres que fueron absueltos, salieron condenados, algunos con duras condenas que el Tribunal Supremo aumentó en tiempo.

El motín no fue más que otra respuesta defensiva frente a la violencia institucional organizada y por ello, la institución no puede eludir su responsabilidad, no sólo en este motín, sino desde su aparición, porque se trata de acciones que forman parte de un protocolo ilegal, pero sostenido, mantenido y encubierto a lo largo del tiempo, por la institución.

Y como el sistema se anticipa casi siempre a nuestros movimientos, no debería sorprendernos que ahora el Sindic de Greuges, después de tantos años de denuncias por torturas y/o malos tratos guardando silencio, saque a la luz un informe que denuncia de una manera suavizada, la situación penitenciaria de las cárceles, los centros de menores y los CIE’s (8).

Desde esa lógica que no se reconocen torturas, para evitar responsabilizar al Estado, se podría entender ese informe del Sindic, como un paso más hacia la privatización de la seguridad en las prisiones. De entrada, el Ministerio del Interior ha puesto en marcha la primera fase que debe entrar en funcionamiento en el mes de Marzo (9), para privatizar la seguridad exterior con escoltas privados. Esta fase afecta a seis cárceles y ha sido adjudicada a la empresa Ombuds, en un concurso limitado por razones de seguridad. Dicha empresa ya tiene a su cargo el servicio de vigilancia con armas en hospitales militares, y no sería nada extraordinario que en un futuro, accediera a concursos para la privatización de la vigilancia interior de las prisiones.

En las circunstancias que las prisiones sean completamente gestionadas por la seguridad privada, el Estado elude sus responsabilidades por las prácticas abusivas de sus mercenarios contratados. La responsabilidad recae en la empresa privada concesionaria del servicio, y ahí, no hay responsabilidad política, sólo negocio.

Si el Estado reconoce la existencia de unas  torturas, que lleva tanto años encubriendo, no es porque vaya a hacer un acto de “contricción” cristiana, sino porque ya tienen preparados y hambrientos “los leones”.

Un pensamiento en “El motín, como forma de legítima defensa.

  1. Pingback: Semana de lucha contra las prisiones | makroespetxearenaurkakoekimena

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