CCOO y UGT, envueltos en un caso de torturas

El reciente motín en el Centro Penitenciario de Quatre Camins (2004) pone a las torturas en primera línea de actualidad, aunque se intenten ocultar. Este caso también contiene un factor importante: la implicación de los sindicatos mayoritarios en las violaciones de derechos humanos.

Desde la Transición o Reforma, periodo en el que funcionó la importante organización COPEL (1), la atención de los movimientos sociales españoles hacia el tema carcelario, y en consecuencia la atención de la opinión pública, se ha reducido enormemente.

Mención aparte de Euskal Herria, el movimiento anti-cárceles ha quedado circunscrito básicamente al precario y difuso movimiento libertario español, en el cual se formó hace pocos años la Cruz Negra Anarquista. Aparte de esa y alguna otra organización, el tema carcelario sólo ha sido tratado por iniciativas coyunturales (2).

En conexión con esta lucha minoritaria y marginada, los medios de comunicación sistémicos tampoco se han visto forzados a abordar el asunto, más allá de alguna muerte en prisión o de algún motín, tratados de forma pasajera. En particular, el tema de las torturas, que es el que aquí nos ocupa, ha sido ignorado totalmente por radio y televisión, y relegado por la prensa escrita.

Sin embargo, el reciente motín de Quatre Camins constituye una excepción.

Contexto: el 30 de abril, un grupo de presos de esta prisión barcelonesa, harto de soportar malos tratos y las humillaciones sufridas por sus visitas (ej: desnudarse ante los carcelerso), se revuelve y en la refriega es herido el subdirector de la cárcel, Manuel Tallón. Durante unas horas los amotinados resisten y consiguen exponer sus quejas y reivindicaciones (3) a medios como ‘El Periódico de Catalunya’ y, por extensión, a otros, aunque finalmente todos los medios recurrirán a la versión oficial de directivos y carceleros sindicados (4). A los pocos días del motín, los presos (trasladados a otras cárceles) denuncian palizas sufridas tras la revuelta a título particular, y los abogados que componen el Observatorio del Sistema Penal de la Universidad de Barcelona pueden entrevistarse con varios de ellos, dos hechos que, combinados, consiguen importante difusión en la prensa escrita. Los relatos de los presos son escalofriantes: “lo esposaron y lo arrojaron por una escalera”, “le rompieron el tímpano izquierdo”, “se iban turnando en dos grupos para pegarme”, “le dieron varias patadas en los testículos”, “le pisotearon la cabeza”, “fue arrojado en calzoncillos al furgón”, “apaleado de rodillas contra la pared”, etc. (5)

El último episodio hasta ahora se produce este martes 6 de julio, cuando la prensa escrita y alguna radio (6) informan de que “la Generalitat admitió ayer la posibilidad de que 28 presos de la cárcel de Quatre Camins sufrieran malos tratos de los funcionarios de ésa y otras prisiones” (7), lo que era imposible ocultar por el escándalo y por los partes de lesiones.

De todo esto se sacan varias conclusiones. En primer lugar, que los presos amotinados han conseguido con su sufrimiento una gran victoria, la de poner a las torturas en primera línea de la actualidad nacional. También es valioso el trabajo del Observatorio, que demuestra que la oposición al sistema penal hay que ejercerla principalmente en el ámbito de la opinión pública y de la información.

En segundo lugar, la patética actuación de la Generalitat (8), que primero encubrió los hechos, luego los aceptó y ahora dice, al igual que Bush, que son “episodios aislados” y “prácticas individualizadas” (9). Por otra parte, ningún alto cargo ha sido despedido ni ningún agresor sancionado, como ha criticado el Observatorio.

En tercer lugar, lo que es el blanco de este artículo, la criminal y repugnante actuación de Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores en todo este proceso. Cuando se realizaron las denuncias, ambos sindicatos, que cuentan con afiliados entre los carceleros investigados, vociferaron que los abogados del Observatorio son “seudojuristas” y que asisten “a las principales mafias de extorsión y tráfico de drogas de las prisiones catalanas”, y que todo son “acusaciones infundadas” (10).

Cuando la Generalitat ha admitido las torturas, UGT acusa al consejero de “gran irresponsabilidad”, y a CCOO le parece “una aberración”. Este Josep María Boira, responsable de prisiones de CCOO, parece legitimar las agresiones, pues “no se dice en qué contexto se emplearon y si estaban justificadas” (11). Eso sí, han convocado una concentración de carceleros en Barcelona con el lema “Por tu seguridad”. ¿La seguridad de sus sádicos militantes, quizá?

En definitiva, el caso Quatre Camins pone de relieve que tanto CCOO como UGT no son sólo unos vendidos, lo que ya conocíamos, sino que además cuentan entre sus filas con matones que se aprovechan del poder estatal para machacar físicamente a los presos.

Ya que ambas centrales suelen formar parte de convocatorias de los movimientos sociales de izquierda, sería cuestión de intensificar la hostilidad contra sus cúpulas, y de tomar otras medidas, como informar a sus militantes de base, muchos de los cuales quizá no saben con quiénes comparten sindicato.

Mientras tanto, la situación carcelaria parece mantenerse igual que rezaba una pintada de Quatre Camins, traducida del catalán: “Cuando muera iré al cielo, porque en el infierno ya he estado”.

(Rebelión)
NOTAS.

(1) Coordinadora de Presos en Lucha.

(2) En Madrid, las manifestaciones a finales de año o las magníficas “Jornadas contra las cárceles” realizadas este año en la Facultad de Ciencias de la Información, son de los pocos ejemplos.

(3) Ver ‘CNT’ nº 302, junio de 2004.

(4) Ver central de Indymedia Madrid “Quatre Camins. La memoria está llena de olvido”.

(5) ‘El País’, jueves 17 de junio de 2004.

(6) Paradójicamente, el esquizoide Federico Jiménez Losantos ha aprovechado (aunque sin dar bombo al asunto) para criticar al tripartito catalán, con el argumento, absolutamente correcto, de “las torturas de Irak les afectan y las de Barcelona no”. Cadena Cope, 6 de julio de 2004.

(7) ‘El País’, martes 6 de julio de 2004.

(8) Organismo “catalanista y de izquierdas” formado por PSC, ERC e IC-V.

(9) ‘El País’, martes 6 de julio de 2004. El consejero de Justicia señala también que estos casos “igual pueden darse entre 3.000 profesores, 3.000 conductores de autobuses o 3.000 periodistas” (sic).

(10) ‘El País’, jueves 17 de junio de 2004.

(11) ‘El País’, martes 6 de julio de 2004.

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